Las autoridades han detenido al hacker “Oso negro” que atacó las redes de Contrataciones Públicas
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Aunque no ha sido revelado el nombre, las autoridades tienen identificado al hacker que hace unas semanas atacó las redes sociales de la Dirección General de Contrataciones Públicas, afectado su funcionamiento durante varios días.
El ciberdelincuente reclamaba una compensación para liberar el acceso, pero no se sabe en cuáles condiciones se resolvió el asunto.
El detenido, al que se le acusa de haber cometido «delitos graves» contra la integridad y seguridad de los datos, será sometido a la justicia por sus acciones, informó la DGCP
La institución manifestó que la captura del presunto pirata cibernético se realizó mediante un «esfuerzo conjunto» con los organismos especializados en la prevención e investigación de ese tipo de delito.
Agrega que el arrestado será juzgado por acceder de manera ilícita, causar daño o alteración de datos, sabotaje, chantaje y robo de identidad, en perjuicio del Estado dominicano.
La institución agradeció a los agentes de ciberseguridad estatales, así como a la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), por su «rápida y eficiente colaboración» en la resolución de este caso.
El pasado 10 de abril, las cuentas en Instagram y Facebook de la DGCP fueron víctimas de un ataque por parte de un individuo autodenominado «Oso negro», quien asumió el control de dichas cuentas y lanzó amenazas de chantaje hacia la institución.
«En respuesta a este desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad digital y la protección de los datos del Estado», dijo la institución.
La ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, señala en su artículo 6, que el hecho de acceder a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no una identidad ajena, se sancionará con las penas de tres meses a un año de prisión y multa desde uno a 200 salarios mínimos.
