Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La temporada de huracanes del Atlántico que inició el pasado domingo primero de junio tiene el potencial de ser una de las más activas de las últimas décadas, con la previsión de al menos 21 tormentas tropicales nombradas.
De ellas, seis pudieran ser huracanes de categoría superior, esto es, de entre 4 y 5 según la escala Saffir-Simpson, que los categoriza del 1 al 5 conforme la velocidad de sus vientos de tormenta.
Los nombres de los fenómenos atmosféricos de esta temporada son Andrea, Barry, Chantal, Dextel, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Néstor, Olga, Pablo, Rebeca, Sebastián, Tanya, Van y Wendy.
La identificación de las tormentas corresponde a una tabla que maneja la Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través de sus comités regionales.
En tal sentido, y como parte del plan estatal de contingencia que se implementará durante la temporada ciclónica 2025 a través de los diferentes organismos de socorro, el Gobierno cuenta con dos radares Doppler y trabaja en el proceso de instalación de un tercero en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
Los dos emisores de ondas radiales se encuentran localizados en Puerto Plata y el Aeropuerto de Punta Cana.
El pasado lunes, el presidente Luis Abinader manifestó que los informes indican que se espera un período con una actividad superior al promedio, con 17 tormentas y 10 huracanes, siendo cuatro de estos últimos de alta categoría.
Las autoridades han identificadas las provincias con mayor riesgo de ser afectadas, las cuales serían Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Bahoruco, Independencia, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte, Salcedo, Espaillat y Montecristi.
En tanto, las demarcaciones con mayor frecuencia de inundación serán el Distrito Nacional, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Bahoruco y Pedernales.
Además, Independencia, San Juan, Elías Peña, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, Nagua, Espaillat, Santiago, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Puerto Plata.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó, por su parte, que entre las provincias expuestas a derrumbes y deslizamientos se cuentan Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Salcedo, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan de la Maguana, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat y Barahona.
El organismo destacó que, para ofrecer informaciones confiables, cuenta con 22 instituciones responsables en dar respuesta a emergencias y desastres y 2,700 albergues identificados.
Actualmente se cuenta con el nuevo radar Doppler en Puerto Plata, el cual es un equipo de última generación que fortalecerá la vigilancia meteorológica.
Ese plan de contingencia consta de tres fases: la campaña de sensibilidad, orientación sobre fenómenos pronosticados y acciones preventivas, mientras la segunda es la de acciones estratégicas para obtener las situaciones causadas por los eventos meteorológicos.
De su lado, la tercera fase es la coordinación de atención y recuperación para los afectados con el apoyo del gobierno central, con los niveles de alerta verde, amarilla y roja.
La alarma verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población; la amarilla, es cuando la tendencia ascendente del desarrollo implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.
En tanto, la alerta roja es dispuesta cuando se proyecta que el fenómeno impactará una zona determinada, presentando efectos adversos a las personas, los bienes, las líneas vitales o el medio ambiente.
Según dispone la Ley Orgánica de Presupuesto para Sector Público en su artículo 33, que anualmente se consigne una proporción destinada a cubrir imprevistos generados por calamidades públicas, equivalente al 1% de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central.
Estos recursos serán utilizados por disposición del presidente de la República, en conformidad con las medidas que adopte la Comisión Nacional de Emergencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.
