Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Según la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP), el Gobierno dominicano lleva a cabo acciones a favor del acceso a la información pública y la transparencia, lo que a su juicio “genera señales de aliento para el ejercicio del periodismo”.
La consideración está contenida en su último informe, pendiente de aprobación en la reunión de medio año que se celebra desde el martes hasta el jueves en Miami.
El organismo periodístico hemisférico indica que el presidente Luis Abinader, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, anunció que sancionará a más de 20 instituciones oficiales que no cumplieron últimamente con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Entre las que identificó el Congreso Nacional (ambas cámaras), la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.
El gabinete ministerial concedió un plazo hasta el 30 de junio próximo para que los organismos cumplan con todas las solicitudes, pero si no lo hacen, se les aplicarán sanciones administrativas, con la suspensión de recursos en el presupuesto.
Además, emplazó a otras 52 instituciones estatales a mejorar sus niveles de cumplimiento en el índice de transparencia.
Por otra parte, el informe de la SIP señala que la República Dominicana continúa adelante con el anteproyecto de reforma y actualización de la Ley 6132 sobre libertad de prensa.
Esa legislación está vigente desde 1962, tras ser sometida al Poder Legislativo por el gobierno, entonces representado por Consejo de Estado compuesto por siete miembros, presidido por el licenciado Rafael F. Bonelly.
Se recuerda que recientemente concluyó la ronda nacional e internacional de consultas a cargo de una comisión consultiva multisectorial para debatir esta normativa, que incluye garantías para el ejercicio del periodismo en cualquier plataforma y reglas para los medios audiovisuales.
También contempla la creación del Instituto Nacional de la Comunicación Audiovisual, de carácter autónomo y que se encargará de promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y establecer reglamentos sobre las políticas públicas, normas y procedimientos en la aplicación de la ley.
La SIP también se hace eco del “revuelo y oposición” que causó en estos seis meses el anuncio de la Policía Nacional de que crearía una comisión para “detectar, en medios digitales, la propagación de informaciones falsas, manipuladas o descontextualizadas sobre la delincuencia”.
Agrega que, sin embargo, la institución debió dar marcha atrás al ser advertida de que ello no está dentro de sus atribuciones.
