La Procuraduría General y la Junta retoman vieja idea de poner a votar a los reclusos preventivos
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, firmaron un acuerdo que daría pasos hacia la implementación del voto de los privados de libertad, una idea que data de muchos intentos sin haberse aplicado debido a su complejidad
El acuerdo permitirá el empadronamiento y desarrollo de la información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario, mismo que contribuirá con la entrada en vigencia del voto penitenciario.
“Este convenio reviste una importancia considerable, porque reconoce derechos que están consagrados en la Constitución y los reconoce en favor de los más desfavorecidos de la sociedad”, indicó Germán Brito durante la firma del convenio.
Germán Brito dijo sentirse emocionada al considerar que con este pacto se devuelve a los privados de libertad parte de su humanidad.
“Esto tiene una relevancia enorme, porque es un avance en el camino a reconocerle a los privados de libertad su condición humana, que no sean un número encerrado, que ejerzan este derecho y puedan hacer valer su criterio con relación a tal o cual persona o candidato”, puntualizó titular del Ministerio Público.
“El derecho al voto tiene una larga historia de exclusión, por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto, entonces esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza, en favor de tal o cual candidato, que creen que responden mejor o tiene una mayor preocupación por su situación”, resaltó.
La magistrada reconoció y agradeció la disposición mostrada, en la persecución de este objetivo, por parte del presidente del órgano electoral, Jáquez Liranzo, y del Pleno que dirige la JCE.
“Agradecemos profundamente al magistrado presidente por tener esta iniciativa y por ser tan abierto siempre a la cooperación con nosotros”, precisó.
Por su parte Jáquez Liranzo destacó que la firma de este convenio como un paso histórico dentro de la transparencia democrática y como el inicio del reconocimiento de un derecho fundamental.
“Como ha señalado la magistrada Miriam Germán, el objetivo fundamental de este acuerdo viene desde el apoyo de la identificación, con su identidad, a través de nuestro mecanismo de biometría, con un fin primero, de que esas personas privadas de libertad, de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental, salvo los que señala el proceso penal, puedan tener para las elecciones del 2024, el derecho al sufragio activo, que es el derecho de elegir”, destacó Jáquez Liranzo.
