Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Procuraduría General de la República (PGR) ha desarrollado el esquema que supuestamente pusieron en práctica el empresario José Ángel Gómez Canaán y el ex funcionario Hugo Beras para estafar al Estado con el proceso de semaforización de la capital.
Según lo descrito en la orden de arresto difundida por el Ministerio Público, el esquema comenzó con la alegada usurpación del nombre de la empresa Transcore, que habría sido registrada por Gómez Canaán en el país sin el consentimiento de los propietarios.
Explica que en mayo de 2022, Gómez Canaán registró el dominio www.transcore.com.do y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear esta entidad sin su conocimiento.
Indica que a través de correos electrónicos falsos, Jochi Gómez solicitó la ayuda de un abogado para registrar la empresa en la República Dominicana, lo que finalmente se concretó en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore en los Estados Unidos, tenían conexión alguna con esta entidad creada.
Agrega que un mes después del registro, Pedro Vinicio Padovani Báez, entonces encargado del Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció a ese cargo para unirse a Gómez Canaán, lo que coincidió con la designación de Hugo Beras como nuevo director del organismo, en agosto de 2022.
Tras la llegada de Beras al organismo se produjo la suspensión temporal del proyecto de Transcore, “aparentemente para incorporar a las nuevas autoridades en el esquema de corrupción”.
Beras designó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador del comité de compras, quien, junto con otros funcionarios, elaboró el presupuesto anual de compras para 2023 sin incluir fondos para proyectos de gran envergadura.
Indica que el Plan Operativo Anual solo asignaba RD$104 millones para la modernización del sistema de semáforos, pero en enero de 2023 el proyecto se incrementó sin justificación a RD$ 1,200 millones.
Los investigadores alegan que Beras y su equipo aprobaron esta subida, adaptando los requisitos para favorecer a Transcore Latam.
Agrega la acusación que la falta de documentación técnica y financiera para justificar los costos se sumó a las irregularidades, que incluyeron cambios en el pliego de condiciones para beneficiar a la empresa de Gómez Canaán.
“En un paso más dentro de la maniobra fraudulenta, José Ángel Gómez Canaán falsificó documentos para modificar la composición accionaria de Transcore Latam, asignando 900 cuotas sociales a nombre de Padovani Báez”, sostiene.
La investigación descubrió además que se inscribió a Transcore en el registro de proveedores del Estado cuando ya se encontraba en proceso la licitación, evidenciando una violación de los procedimientos.
