Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: En la entrega pasada abordamos lo relativo a la agenda regional aplicada por las corporaciones y élites económicas, y sus grupos satélites, para relativizar la naturaleza y funciones de las organizaciones políticas, mediante la implementación de mecanismos de control punitivo aludiendo la falta de transparencia. Empero, el propósito ha sido desplazar a los partidos políticos del rol que juegan en la conformación de las instituciones democráticas.
Ahora bien, una investigación periodística difundida a nivel global, denominada los Papeles de Pandora, ha revelado secretos financieros de empresas e individuos que figuran en una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 despachos especializados en operaciones en paraísos fiscales.
Vale decir, la falta de transparencia es la principal característica de los paraísos fiscales, conformados en países o territorios que aplican un régimen tributario muy favorable a personas naturales y jurídicas no residentes, lo que implica impuestos bajos o inexistentes y el secreto de las informaciones. Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos favoritos de las empresas para evadir impuestos.
El resultado de la investigación da cuenta del uso masivo por parte de los empresarios de esquemas de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos para escapar del escrutinio público y evadir el pago de los impuestos.
Sin embargo, el mayor esfuerzo comunicacional está desplegado a resaltar los presuntos activos extraterritoriales de los dirigentes políticos, destacando 35 jefes y exjefes de Estado, entre los cuales figuran 14 latinoamericanos, con la característica común de que la inmensa mayoría de estos últimos tienen estratos empresariales.
La publicación revela que un despacho denominado OMC Group, con sede en Panamá, ha manejado algunos de estos clientes de primer nivel en Latinoamérica, entre los que resalta el presidente de Chile y el de República Dominicana. Cabe señalar, ambos mandatorios son conocidos empresarios, con importantes negocios antes de asumir funciones de Estado.
Así, ha quedado de manifiesto que la utilización de mecanismos de control, motorizados por sectores empresariales contra las organizaciones políticas y sus dirigentes, no se implementan en la necesaria transparencia de las actividades y negocios de las corporaciones, particularmente en lo relativo a sus obligaciones fiscales.
Lo anterior toma mayor relevancia, pues conforme a expertos en la UE se desvía a través de estos vehículos corporativos el equivalente al 10% del PIB europeo. En nuestra región se considera una cifra superior en evasión fiscal por parte de las sociedades comerciales y los empresarios, constituyendo un acto de improbidad.
Se estima que más de un centenar de empresas e individuos de República Dominicana figuran en la lista de los Papeles de Pandora. Para fines impositivos y de transparencia en la administración, es ineludible determinar cuántas de esas empresas son o han sido contratistas, suplidores o bonista del Estado, puesto que en materia de corrupción hay siempre un corruptor y un corrompido.
Además, esta revelación debe servir para que el conjunto de exigencias y controles adoptados sobre las actividades públicas y las organizaciones políticas sean implementados a las empresas, como compromiso con la aplicación de prácticas de integridad. Especialmente sobre aquellas que han estipulado cualquier acto con el Estado o que sus accionistas estén vinculados a funciones públicas.
Efectivamente, la aplicación de prácticas de integridad es una recomendación de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), diseñadas como un conjunto de compromisos públicos voluntarios por parte de las empresas que sirve para construir una nueva cultura de relaciones con el sector público y entre empresas del propio sector privado.
La integridad empresarial y los principios éticos deben estar presentes en todas las acciones realizadas por las empresas, incluyendo su relación con el sector público. Cuando la empresa, y los empresarios, reflejan tales principios consolida y transmite su postura ética, interna y ante agentes externos, máxime en el actual contexto en donde prevalece la visión empresarial en la implementación de políticas públicas.
Justamente, los principales proyectos anunciados por esta administración han sido diseñados para ejecutarse a través de iniciativas público-privadas. En consecuencia, es oportuno aplicar políticas de transparencia empresarial, por su impacto positivo en la utilización de los recursos públicos y sus beneficios al desarrollo económico y social y a la sustentabilidad del país.
