La Fuerza del Pueblo pide medidas de la JCE contra Luis por supuesto uso de recursos estatales en campaña
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este viernes a la Junta Central Electoral (JCE) la aplicación de medidas cautelares contra el presidente Luis Abinader y la organización oficialista por el supuesto uso ilegal de los recursos del Estado en la actual campaña.
La FP pide que la JCE le prohíba al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) participar en actividades de “rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de las entidades gubernamentales”.
También solicita dicha prohibición para su participación en actos públicos de las entidades gubernamentales que promuevan los candidatos del PRM a las elecciones municipales de este mes.
El delegado político de la FP, Manuel Crespo, al depositar el documento de diez páginas, recordó al presidente Abinader y a la dirigencia del partido oficial, que el uso de los recursos del Estado en actos proselitistas, representa una violación flagrante a las normas establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23, así como la Ley de Partidos 33-18.
“Solicitamos disponer a través de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones en ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares de la JCE, la realización de una investigación que determine las ocurrencias de las infracciones administrativas denunciadas y las que pudieran resultar de otras denuncias”, señaló.
El también miembro de la Dirección Política atribuyó el uso indiscriminado de los recursos estatales, “a la desesperación del presidente Abinader y los funcionarios de la fallida reelección, porque en las encuestas independientes, inclusive las que mandan a realizar desde el Palacio Nacional, su derrota es inminente”.
“Estas acciones desmedidas del uso ilegal de los recursos del Estado, también han sido denunciadas y condenadas por organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, la cual para mediados del pasado año 2023, señaló mediante comunicado que el uso de los recursos del Estado en los procesos electorales era apreciable a través del uso de la publicidad gubernamental, que lo único que perseguía era promover los precandidatos o candidatos oficialistas”, recalcó.
Además, la FP en la instancia solicitó a la JCE denunciar ante la Procuraduría especializada para delitos electorales a todas las personas que han participado en dichas infracciones, tal y como lo establece el artículo 309 de la Ley 20-23.
