Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Con la promulgación de la Constitución del 2010, cesó la facultad que se le asigna al presidente de la República para designar el sustituto del alcalde de un municipio, razón por la cual el ayuntamiento de La Vega se ha convertido en un campo de lucha política entre una oposición unida y el oficialismo.
La crisis comenzó cuando el presidente Luis Abinader nombró al alcalde Kelvin Cruz, ministro de Deportes y la vicealcaldesa Amparo Custodio renunció, creando el vacío sucesoral.
Ante esa situación, cinco partidos opositores conformaron un bloque opositor para exigirle a la Junta Central Electoral (JCE) que celebre elecciones extraordinarias y rechazar las intenciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que el presidente Luis Abinader escoja al sustituto a partir de una terna que le enviaron.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) decidieron adherirse a la solicitud depositada el pasado 26 de agosto por Opción Democrática ante la JCE en la que pedían nuevos comicios.
Las entidades firmaron un acuerdo “para dar la batalla al gobierno unificados”, a los fines de que se realicen esas elecciones extraordinarias “por ser la única manera viable de proteger la democracia en esa demarcación y elegir a las autoridades municipales”.
De igual manera aseguraron que no hay base legal ni constitucional que otorguen potestad al presidente de la República para designar al nuevo edil, al tiempo de declarar ilegítimo a Joel Martínez González, quien se desempeña como alcalde interino.
Los reclamantes dijeron estar en la disposición de llevar candidatos propios en caso de celebrarse los comicios, además de acusar al PRM y al gobierno de haber orquestado un plan de estafa al electorado vegano desde el primer momento en que decidieron presentar a Kelvin Cruz como candidato a alcalde para asegurar la plaza.
Precisaron que, conforme a la Constitución, los gobiernos municipales son entes autónomos y que sus autoridades son únicamente escogidas por el pueblo de la demarcación donde se encuentren, por lo que la terna presentada al mandatario no procede.
Por otro lado, el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares, aseguró que no existe ninguna base legal que justifique la celebración de nuevas elecciones en La Vega.
«No existe ninguna posibilidad legal de convocar a unas elecciones al margen de las complementarias que establece la ley electoral, que solo se pueden hacer dentro del marco del proceso electoral y con plazos que se encuentran ventajosamente vencidos” argumentó el ex miembro titular de la JCE.
Señaló que la propia Constitución y la ley no dejan ningún espacio para lo que ellos están pidiendo, por lo que su petición está al margen de la ley.
