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La Contraloría dice aumentó control interno en las instituciones estatales

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El contralor general de la República, Félix Santana García, informó que durante la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, el organismo ha aumentado de 206 a 304 el número de Unidades de auditoría Interna en las instituciones del Estado, lo que representa un incremento de 98 unidades.

“En estas unidades se aplica un control interno previo para verificar que los contratos y libramientos de pago cumplan con los requisitos legales y administrativos”, indicó el funcionario en un comunicado de prensa.

La nota explicó que una vez validados esos requisitos, los que son remitidos electrónicamente a través de los sistemas Sugep y TRE a la Contraloría, donde pasan por otras fases de revisión”.

Dijo que posteriormente las órdenes de pago son evaluadas y preautorizadas antes de pasar a la firma del contralor general y tras la autorización, se envían a la Tesorería Nacional, la que realiza las transferencias correspondientes a las cuentas oficiales de las entidades.

Santana García recordó que, según el artículo 25 de la Ley 10-07, “cada institución estatal es responsable del control interno y del uso adecuado de sus recursos, cumpliendo las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci)” emitidas por la Contraloría.

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“Una vez cumplidos esos controles, se establecen lineamientos para la gestión eficiente, efectiva y transparente de los fondos públicos”, señala el mensaje, en el que se destaca que una vez agotado el proceso de revisión, la Contraloría aplica auditorías a las instituciones.

Precisa que, en caso de ser detectadas irregularidades que impliquen acciones penales, “estas son remitidas a las instancias correspondientes y si se identifican oportunidades de mejora, se recomienda un plan de acción para implementar medidas correctivas”.

“Con el fin de preservar la objetividad, la Contraloría realiza rotaciones periódicas de auditores entre distintas instituciones, para evitar vínculos cercanos con las Direcciones Administrativas y Financieras (DAF) que puedan comprometer la independencia de sus funciones”, explicó.

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