Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El consejo legal del proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aclaró que en los procesos judiciales que enfrenta la empresa no existe “la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.
Con su observación, los juristas restaron veracidad a la versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal aérea, como dijera el defensor de la parte que se opone a la ejecución del proyecto aéreo.
Al respecto, los juristas reiteraron que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el contrato suscrito con el Estado para la construcción de la nueva terminal aérea internacional.
“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que estas han sido objeto de los correspondientes recursos”, destacaron los abogados del AIB.
La barra defensora del AIB reaccionó al respecto, tras la publicación de un comunicado el pasado lunes, por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC).
Recordaron que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser recurrida ante las cortes superiores.
“Sólo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso”, indicaron, al tiempo de destacar que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, “todas bajo la misma composición de jueces”.
Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
El consejo de defensa del AIB, entre los que se encuentra Enmanuel Esquea Guerrero, resaltó su firme compromiso de defender la legalidad y la transparencia del proyecto, señalando que todas las sentencias mencionadas han sido objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales a los derechos fundamentales cometidas.
Calificó como desafortunado el hecho de que se recurra a la opinión pública para intentar influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes.
