Jueza impuso cárcel a Guerrero y Peralta porque obstaculizarían la investigación del caso Calamar

Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, señaló este martes las razones por las que impuso las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público (MP) contra los seis implicados en el caso Calamar se basa en que no negociaron con el organismo acusador.
El MP solicitó prisión para los exministros de Hacienda, de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente.
Además, al ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; así como a los ex directores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo Mcabe y Aldo Antonio Gerbasi.
La medida se basó en el alegato de que obstaculizarían la investigación y con ella a los testigos y las pruebas documentales que posee el Ministerio Público, así como presentaban peligro de fuga e interés de sustraerse del proceso.
De esa solicitud, solo le fue aceptada que Guerrero y Peralta siguieran encarcelados durante 18 meses, porque podrían obstaculizar las pruebas testimoniales y documentales en la investigación que se sigue en este caso.
En cuanto al también ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, la magistrada entendió que con este no existían elementos que indiquen que podría sustraerse del proceso y obstaculizar los medios de pruebas.
Al respecto, la magistrada Romero le impuso al ex ministro de Obras Públicas arresto domiciliario, prohibición de salida del país sin autorización judicial y una garantía económica, en calidad de contrato, de RD$20 millones.
En el caso de Piccirillo Mcabe, la imposición de prisión domiciliaria se debió, además de los arraigos presentados por su defensa, a que el mismo recibe de forma recurrente atenciones médicas.
Mientras, a Caamaño se le exige presentación al proceso, prohibición de salida del país y garantía económica de RD$3.0 millones, mientras a Gerbasi, se le impuso garantía económica de RD$5.0 millones.
En el caso de las 14 personas restantes, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, la jueza impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica.
Estos son Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola y Oscar Arturo Chalas Guerrero.
También, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero, Julián Omar Fernández, Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.