Jean Alain Rodríguez ya puede hacer su vida normal mientras se determina la suerte del proceso
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Tras la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de variarle la medida de coerción, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, podrá realizar su vida con normalidad, incluyendo su actividad que hacía mediante el sistema “medio libre”.
Rodríguez es principal implicado en el caso de corrupción administrativa que el Ministerio Público denominó Medusa, pero que el Tribunal Constitucional le ordenó desistir del uso de motes en sus procesos.
Según la decisión judicial, le fue levantada la prisión domiciliaria y la retirada del grillete electrónico, pero se le mantuvieron la garantía económica de 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país.
A la salida de la sala, el ex procurador aseguró a los periodistas que, aunque ha sido “bastante duro”, asumió con “mucha entereza y paciencia” los casi cuatro años de privación de libertad, de ellos 18 meses de prisión preventiva, aunque, aseguró, no debería haber sido “un solo día”.
“Llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad”, dijo Rodríguez, quien antes de que el tribunal variara las medidas prometió no sustraerse del proceso penal.
De su lado, la parte acusadora, que pedía el mantenimiento de la prisión domiciliaria de Rodríguez, indicó que hará todo lo posible “para demostrar la culpabilidad de los imputados, en base a la acusación y los elementos de prueba presentados durante el juicio, cuyo inicio se ha aplazado al 23 de junio próximo.
Además de Jean Alain están acusados Jhonatan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Javier Forteza Ibarra, Rafael Mercedes Marte, Miguel Moya, Braulio Batista Barias, Alejandro Rosa Llanes y Ramón Burgos.
También, Jhonatan Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, César Rizik Pimentel y José Liriano Adames, así como 22 empresas.
Todos afrontan cargos de corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, se malversaron más de RD$6,000 millones, mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
