Investigan a jueces en Ecuador por anular un caso de captación ilegal de dinero con miles de afectados
El miércoles allanaron las oficinas, en las que encontraron 26.400 dólares en efectivo y letras de cambio con montos de hasta 50.000 dólares.
RT
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador informó que los jueces Lady Ávila y Fabián Fabara, de la Corte Provincial de Pichincha, están siendo investigados por haber dictado una resolución arbitraria y contraria a la ley.
La institución, junto con la Policía Nacional del país suramericano, llevó a cabo allanamientos en las oficinas de estos jueces entre la tarde y noche del miércoles, en la que levantaron varios indicios.
Los allanamientos se realizan luego de que estos dos jueces dictaran la nulidad del caso ‘Fortunario’, en el que estaban siendo procesadas tres personas y la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., por su presunta participación en el delito de «captación ilegal de dinero», detalló la FGE.
Durante los operativos en las oficinas de los jueces se levantaron indicios como computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos y teléfonos celulares. También se encontraron 26.400 dólares en efectivo y letras de cambio con montos de hasta 50.000 dólares.
El caso
Este caso se remonta al 31 de marzo de 2022, cuando la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió un comunicado en el que indicaba que Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda. no estaba autorizada para operar en el mercado de valores ecuatoriano.
En ese texto, la institución detalló que la empresa ofertaba «servicios de inversión en las plataformas financieras como la bolsa de valores, Forex, acciones, criptomonedas y arbitraje en compra y venta de cripto», a pesar de no estar facultada para esas operaciones.
Dos días después, la FGE ejecutó allanamientos en lugares vinculados con la empresa. Posteriormente, un juez resolvió inmovilizar las cuentas de la firma, por más de 7 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres procesados en este caso captaban dinero ilegalmente utilizando compañías que ofertaban servicios irregulares de inversión en plataformas financieras, que prometían un rendimiento del 17 % al 21 % mensual.
A pesar de que en el caso «existen miles de perjudicados» –según detalló la FGE–, tanto Febara como Ávila votaron para que la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declarara la nulidad de todo lo actuado.
Según el Ministerio Público, esa declaratoria de nulidad significó la liberación de los más de 7,6 millones de dólares, que estuvieron inmovilizados durante la investigación previa.
La FGE rechazó la postura de los jueces e indicó que su decisión «fomenta una percepción de impunidad ante los actos de corrupción».
