Fundación considera calamitosa la mora judicial y desacato de sentencias del Constitucional
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) dijo que es preocupante la situación que por años viene arrastrando la justicia en cuanto a la mora, la falta de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y la cultura de la impunidad.
El pastor evangélico Fidel Lorenzo Merán dijo que todo eso se traduce en una denegación de justicia a cientos de dominicanos que reclaman que se les garantice sus derechos.
Sostuvo que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, cuando se trata de casos relacionados a los derechos humanos y laborales, la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Rechazó la acción realizada por el Tribunal Superior Electoral en relación a las acusaciones de fraude en las elecciones del Colegio de Abogados que suspendió, provisionalmente, los efectos de la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del gremio.
Consideró que el conflicto generado en el Colegio de Abogados no ha cuestionado el proceso electoral, ni el escrutinio, ni las votaciones individuales, tampoco los resultados por candidatos. Lo que realmente está en litigio es la validez de dos alianzas concertadas por un candidato con dos sectores diferentes.
Lorenzo Merán se mostró contrario a la decisión del TSE, que a su juicio no es competente de acuerdo a las leyes y la Constitución para tratar el conflicto entre los abogados, por lo que dijo esperar que otro tribunal decida conforme a las pruebas aportadas, luego de un examen profundo y razonado, sobre la legitimidad o no de los diferentes pactos.
Llamó a que la justicia cumpla su misión en cuanto a tareas pendientes de abordar como el problema de la sobrepoblación de los recintos, dignificar el sistema penitenciario y trabajar de manera permanente el aspecto de la dignidad del ser humano y las garantías de los derechos fundamentales para todas las personas privadas de libertad.
