Fiscal cuestiona Ángel Lockward quiera se aplique jurisdicción administrativa y no penal en supuesto fraude Donald Guerrero
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La fiscal Rosa Alba García señaló que han sido infructuosas las estrategias de la defensa del abogado Ángel Lockward, para alegadamente debilitar la investigación en su contra, en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo (TSA) elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal.
“La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), vino lista para conocer la demanda en nulidad, misma que entiende es improcedente”, dijo la funcionaria judicial a los periodistas a su salida de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, donde se conoce el proceso.
Según una nota de prensa del Ministerio Público, “el tribunal rechazó una solicitud de medida cautelar planteada por Lockward, respecto al documento que se pretende atacar por ante esta jurisdicción”.
Insistió en que la parte acusadora ha planteado al tribunal, “que se están trayendo a la jurisdicción administrativa una cuestión que se debe decidir ante la jurisdicción penal, procurando debilitar la investigación que está en curso”, indicó la litigante, quien estuvo acompañada del titular de la Pepca, Wilson Camacho.
La magistrada destacó que quedó evidenciado que ese es el firme objetivo que persigue la defensa de Lockward con esta demanda en nulidad del informe, desmeritar y debilitar la investigación, “razón por la cual también el tribunal rechazó esa solicitud cautelar”.
Sostuvo, además, que el informe recibido desde la Unidad Antifraudes de la Contraloría General de la República “cumplió con el proceso requerido y el Ministerio Público ha actuado conforme a su competencia”.
“Este documento ha sido remitido por la vía correspondiente al Ministerio Público, que, en el ejercicio de sus competencias legítimas, lo ha usado en la sede penal, que es donde no quiere ir la parte demandante a discutir la validez del mismo”, puntualizó Alba García.
El informe rendido por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en septiembre del 2021, establece que los investigados “estafaron al Estado por más de RD$17,000 millones, a través de expropiación de compra-venta de terrenos”.
La Corte, integrada por los jueces Alina Mora, Cecilia Badia y Willy Núñez, aplazó la audiencia para el próximo 17 del presente mes, a solicitud de una de las partes.
