Finjus advierte órganos judiciales no podrán trabajar bien este año sin recursos suficientes

Redacción/elCorreo.do

SANTO0 DOMINGO: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que las instituciones del sistema de justicia no podrán realidad su labor de manera eficiente con los recursos que se les han asignado en el presupuesto de 2023.

Lamentó que, como ha ocurrido en años anteriores, “las partidas consignadas para los órganos e instituciones del sistema de justicia quedarán muy por debajo de las necesidades que enfrentan y recibirán montos inferiores a los que les corresponde de acuerdo a leyes especiales vigentes”.

En un documento que analiza el desempeño del sistema en el pasado 2022, la Finjus recuerda al Gobierno central que sin los recursos adecuados, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Defensa Pública no podrán contribuir a reducir o prevenir la criminalidad, investigar sus responsables ni aplicar las consecuencias que de ellos se derivan.

Señala que la inobservancia de la ley que sustenta la autonomía financiera y presupuestaria de los órganos del sistema de justicia, siguen como “un déficit sensible del Estado para que el sistema de justicia logre un rendimiento excelente en sus respectivas organizaciones”.

El documento, firmado por el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, también enfoca el trabajo del Ministerio Público en lo relativo a los procesos por supuestos actos de corrupción que lleva a cabo.

“Con ello se ha mostrado que el Ministerio Público, en base a su cuerpo normativo actual, tiene la capacidad para desarrollar una labor independiente del Poder Ejecutivo, y que el devenir de sus acciones dependerá sobre todo de su capacidad técnica y de gestión de las evidencias en estos procesos”, agrega.

La Finjus reconoce que las gestiones del Ministerio Público han generado altos niveles de polémica y discusión jurídica sobre los fundamentos de cada caso, y será labor de los tribunales de la República determinar su veracidad o no.

“Pero ha sido muy preocupante para amplios sectores de la sociedad-agrega-incluyendo las altas instancias de las propias instituciones del sistema de justicia, el enfrentamiento que se ha derivado entre los operadores en su seno, lo que contraviene con el deseo de la sociedad de que estos procesos no sean empañados por imputaciones derivadas de las actuaciones de los responsables de los órganos”.

Sobre el desempeño del Poder Judicial, la Finjus sostiene que el pasado año se dieron importantes avances en beneficio de la prestación de justicia, resaltando que el mismo todavía arrastraba consecuencias de la parálisis provocada por la pandemia desde 2020.

Entre los avances operados, resalta la puesta en vigencia de un reglamento para la virtualización de servicios judiciales a tono con la situación que provocó la pandemia.

En ese sentido, señala tres puntos importantes:

• La aprobación y promulgación de la Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial y su reglamento de aplicación, para enfrentar adecuadamente la realidad de las limitaciones que impuso la crisis sanitaria y que nos pone a tono con los procesos de virtualización de los servicios judiciales a nivel mundial, garantizando mecanismos de acceso inmediato y seguro en materia judicial. Es importante subrayar que esta normativa fue el producto de un amplio consenso con la comunidad jurídica, sectores legislativos y académicos.
• Los esfuerzos para reducir la mora o retardo judicial en diferentes jurisdicciones, lo que siempre ha representado un obstáculo para la realización de los principios de acceso pleno a los mecanismos de la justicia para la ciudadanía. De acuerdo a los informes recopilados existen reducciones significativas de las tasas de mora en casi todos los tribunales del país.
• Fue creado y se está implementando un sistema de gestión de casos para incrementar la eficiencia en las diferentes jurisdicciones, que ha sido completado en dos salas de la Suprema Corte de Justicia; en el Tribunal Superior Administrativo y en la Jurisdicción laboral implementado en su totalidad y en la mayoría de la Jurisdicción civil y comercial.