Ex subdirectora DGII advierte una reforma fiscal incorrecta podría tener graves consecuencias para economía

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La ex subdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germanía Montás, reconoció que una reforma fiscal adecuada le permitiría al Gobierno tener más recursos disponibles para implementar políticas o disminuir el déficit con menos financiamientos, pero de aplicarse de manera incorrecta sería peor para la economía.

La economista indicó que, si la reforma no se hace correctamente, podría tener peores consecuencias en la economía que no hacerla.

Montás afirmó que “en general las reformas se realizan para aumentar los ingresos del Estado, aunque hay excepciones. Se pueden hacer reformas abordando el tema de varias formas, y subir las tasas impositivas es una de ellas, pero en mi opinión, las tasas de nuestros principales impuestos están en niveles que no deberían ser aumentadas”.

También, que “puede abordarse el tema incluyendo más bienes y servicios para ser gravados con impuestos al consumo (generales o selectivos), eliminando incentivos o exenciones, ampliando los ingresos o utilidad que son gravados con impuesto sobre la renta e incluyendo nuevos bienes para ser gravados con un impuesto al patrimonio, además de los inmuebles. Es decir, puede aumentarse tasas o ampliarse la base”.

En el 2011 se aprobó la Ley 139-11, en la cual básicamente se establecen gravámenes a los juegos de azar, se aumenta de manera temporal la tasa del ISR de 25 a 29 %, se establece el impuesto a los activos financieros productivos netos que aplicaba solamente a sector financiero, que también fue un impuesto temporal.

La economista recordó que en el 2012 se realizó una reforma mediante la Ley 253-12. En ella se aumentó la tasa del Itbis de 16 a 18 %, se gravaron algunos alimentos de consumo masivo como el café, el cacao y el aceite.

Además, se establece el impuesto sobre los intereses que reciben las personas físicas, se limitan las deducciones admitidas por concepto de intereses pagados, se establece el impuesto a los dividendos o utilidades distribuidas por las empresas a sus socios y se aumenta la tasa de ISR al 29 % disminuyéndose hasta 27 %, entre otras disposiciones.

Citó que, en esta ley, en sus considerandos, se plantea alcanzar lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), lo que hasta el día de hoy no ha sido conseguido.

Luego, cada año se introdujeron cambios a leyes tributarias dentro de la ley de presupuesto, con vigencia de un año.

Sugerencias para una nueva reforma fiscal

Germania Montás, detalló que de seguirse las disposiciones de la Ley 1–12, en la reforma lo que debe incluir está establecido en la misma legislación.

Resumió, que debe aumentarse la presión tributaria, racionalizar los incentivos fiscales y reducir la evasión.

“Para eso establecía la necesidad de hacer una reforma fiscal, pero mediante un pacto fiscal. Si es para solventar dificultades, como dar seguridad a los acreedores de que se cuenta con los recursos para mantener el cumplimiento de las obligaciones de pago de deuda y mantener el gasto público en los niveles necesarios, no hay una receta” narró.

Montás recomendó que “revisar las leyes de incentivo debe ser una tarea constante, ya que periódicamente debería validarse si han cumplido su cometido”.

Precisó que hay que pensar bien a qué sectores se pueden eliminar los incentivos, porque si el objetivo es recaudar, los que están en crisis no aportarían mucho.

Al referirse a los privilegios a funcionarios, al tema de vehículos de congresistas puntualizó que, al margen de una reforma, deben ser revisados.

La realidad

La ex subdirectora confirmó que la presión tributaria de la República Dominicana es de las más bajas de la región. Destacó que este indicador mide qué porcentaje del PIB representan las recaudaciones por impuestos que el Estado recibe. El promedio de América Latina y el Caribe bordea el 23 %. Por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua tienen 23 %, Colombia tiene 20 %.

Señaló que aumentar la presión tributaria fue aprobado desde 2012 con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Se estableció en dicha Ley que en el 2015 tendríamos 16 % y terminamos con 12.9 %, en el 2019, llegaríamos a 19 % y la presión tributaria terminó en 12.4 %.

Sin embargo, aseguró que “hay que considerar que esta crisis causada por la pandemia va a generar mayor demanda de recursos y peores condiciones de los agentes económicos para operar con mayores impuestos. Lo cual hace más compleja la decisión de a quién, cómo y cuánto más gravar”.

Dijo que es difícil que bajen los impuesta ya que es complejo prescindir de recursos que se tiene, más aún si la presión tributaria, como hemos dicho, es baja. Recordó dos casos en que se redujeron: en 2007, mediante la Ley 172-07, que reduce la tasa del Impuesto sobre la Renta (de 30 % a 25%); también en 2007, se emitió la Ley 173-07, que elimina y consolida impuestos.

“Siempre hay oportunidades para optimizar el uso de los recursos del Estado, pero hay que considerar que el nivel de gasto público sobre el PIB del país está por debajo de muchos países similares” resaltó.

El promedio del gasto total sobre el PIB de la región estaba cerca del 28 % en el 2019, mientras República Dominicana estaba en 16 %. Por ejemplo, Nicaragua 17 %, Colombia y Costa Rica 31 %, El Salvador 25 %, Perú 21 %, etcétera.

Montas opinó que se pueden hacer algunos ajustes a leyes impositivas que han estado pendientes en leyes tributarias, ejemplo, definir en la Ley elementos para gravar con impuestos existentes algunas actividades que han surgido en los últimos 15 años o acotar algunas deducciones y cosas así.

“No creo que sea el mejor momento para realizar una reforma con visión de futuro, ni con impacto estructural, dado que el futuro no está tan claro en este momento como para tomar decisiones de largo plazo” manifestó.

Estimó que “está claro que el Gobierno debe estructurar una campaña de información que dé legitimidad a lo que va a proponer y mantener una ejecución del gasto de calidad”.