Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: En una democracia, como lo expresa la Constitución de la República, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa. De ahí que, todos los poderes públicos provienen de la expresión de soberanía popular que se manifiesta mediante el ejercicio del derecho a elegir, a través del sufragio personal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.
La consecución efectiva de este mandato es consustancial a la existencia del Estado de Derecho, en el que opera un sistema democráticamente articulado que permite la participación activa de los individuos en la formulación de la voluntad general a ser aplicada desde el Estado, el cual tiene la potestad de implementar las políticas que propendan al desarrollo económico, basado en la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos sociales.
Para lograr este objetivo se requiere que todos los actores operen con estándares de equidad, libertad y pluralidad, que permita ganar una genuina y auténtica representatividad, surgida de la voluntad libremente expresada. La libertad a la que aludimos, va más allá de la sujeción material, concierne a evitar la enajenación de la libre convicción mediante la construcción de falsas percepciones, concebidas y financiadas desde los centros de poder e impuestas por la opinión publicada.
En el actual contexto, la corriente corporativa en el gobierno se aleja de los anhelos del Estado Social de Derecho, predomina el individualismo sectorial de las élites hacia el control pleno del mercado, con notable incidencia en agencias gubernamentales que son afines a sus actividades económicas. Agudizándose esta situación en la medida en que se entremezclan intereses públicos y privados, que inevitablemente afectan derechos de terceros que no cuentan con los resortes de poder económico que generan ese enorme poder político.
Este modelo afianza el conflicto de interés en el sector público, pues los intereses particulares de una o más personas, innegablemente interfieren con el cumplimiento de las funciones profesionales asignadas. La situación puede tornarse más inquietante porque este poder económico alienta la idea de extender en forma progresiva el control de otras instituciones que mantienen alguna equidistancia del poder hegemónico que está consolidándose.
Por naturaleza y origen, las élites económicas requieren una lealtad difusa de servidores, incluso de las masas o sus representantes, pero evitando, retorciendo o coartando su participación. De ahí que, el ciudadano común deviene en un espectador pasivo, cuyo derecho se limita a la aprobación y al rechazo en bloque de los hechos previamente consumados en los centros de poder.
Consecuentemente, la intervención de la inmensa mayoría está restringida, con una participación aparente en las elecciones, quedando reducida su voluntad, pues actúa condicionado por el poder, expresado a través de distintos medios, el cual deriva del mismo poder económico que a su vez sostiene el poder político así instaurado.
Estas complejas redes de poder subterráneo suelen solaparse por medio de figuras atractivas, generalmente construidas a través del marketing, con aparente autonomía de los silos del poder económico. Sin embargo, en sus actividades profesionales o gerenciales son prominentes representantes de esos grupos que sostienen al poder político. De ahí que, el elemento determinante es la inversión económica así obrada para cooptar a representantes de las instituciones fundamentales, a través de sus apoderados.
Las operaciones de estas redes corporativas que entrañan vastas cantidades de activos, manejados a través de figuras jurídicas complejísimas, resultan fértil para la penetración de capitales ilícitos en la financiación de campañas electorales. Por la variedad de problemas y amenazas que plantean, estas prácticas socavan la estabilidad de las instituciones y los valores de la democracia, ponen en tela de juicio el desarrollo sostenible, la equidad social, el imperio de la ley y la justicia.
La utilización del poder económico como instrumento de control político, no solo condiciona la voluntad del elector, sino que, además, subvierte la soberanía popular, puesto que unos pocos deciden la elección de los gobernantes. Además, la incorporación de individuos vinculados a organizaciones delictivas en las instituciones democráticas amenaza su legitimidad.
En ese sentido, es una imperiosa necesidad la regulación y prevención de estas amenazas al sostenimiento del sistema democrático, a fin de frenar la pretensión de unos pocos de concentrar todo el poder económico, político e institucional. Asimismo, para impedir la incidencia del capital ilícito en la conformación de los poderes públicos.
