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El Ministerio Público critica tenga que “sobre-probar” casos de corrupción ante jueces

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El Ministerio Público tomará una decisión de apelar o no la sentencia del caso Yuniol Ramírez y los casos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), luego de la lectura íntegra del fallo.

Así lo informó este viernes el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, al ser consultado al respecto.   

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio a conocer su decisión de condenar a 20 años de prisión al acusado Argenis Contreras González  por el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras y absolver al ex director de la OMSA, Manuel Rivas, quien fue procesado por corrupción administrativa.

“Con relación a ese caso, nosotros vamos a esperar la decisión íntegra para decidir en consecuencia. No obstante, lo que vimos es una muestra de que en la República Dominicana, cuando se trata de temas de corrupción, hay que sobre-probar”, dijo Camacho.

Agregó que por esa razón es que el Ministerio Público deposita tantas pruebas en los expedientes que presenta, “porque esa excusa no va a poder ser utilizada en nuestros procesos”.

“En los casos de corrupción, aquí se ha establecido un estándar que es irracional y metafísico; incluso, se ha establecido ese estándar con el interés de mantener abiertas las puertas de la impunidad, pero ese es un tema que tiene que parar”, advirtió el titular de la Pepca.

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Además de Rivas, las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo descargaron de culpas a Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián (El taxista); Lilian Francisca Suárez Jáquez; Víctor Ravelo Campos (El Herrero) y a José Antonio Mercado Blanco (El Grande).

Sin embargo, el tribunal sentenció a Faustino Rosario, exdirector financiero de la OMSA a un año de prisión e inhabilitado para cumplir alguna función pública durante cinco años.

El Ministerio Público había pedido 30 años de prisión para Argenis; 20 para Rivas, Rosario, Ravelo y Mercado Blanco; 5 años para Abreu, Peña y Suárez.

El hecho

El asesinato del abogado Ramírez se produjo en el mes de octubre del 2017, debido a una denuncia vinculada con actos de corrupción administrativa ocurridos en la OMSA, que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.

La víctima fue hallada con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.

En la lectura del dispositivo las magistradas aseguraron que la lógica y los elementos de prueba le aseguraban que a Ramírez lo asesinaron en Hato Nuevo y que Contreras le proporcionaba documentos de la OMSA para que se usaran en extorsión, contra la administración de esa entidad.

Luego del hecho, Contreras huyó a Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después repatriado, tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.

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