El Gobierno de Bolivia retira proyecto de ley contra las ganancias ilícitas tras asegurar que grupos de oposición provocaron «temor»

RT

LA PAZ.- La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, anunció este jueves que el Gobierno de Luis Arce retiraría el proyecto de ley para combatir el lavado de activos, debido a las protestas de las últimas semanas que fueron convocadas por grupos opositores que, en su opinión, buscan generar temor y confrontar a la ciudadanía.

La alta funcionaria apuntó que «algunos políticos y grupos que buscan permanentemente la desestabilización» estarían detrás de las acciones para desinformar e instaurar el «temor» respecto al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, el pasado 17 de septiembre.

En una conferencia de prensa, Prada explicó que, para no dar lugar a la confrontación ni a la violencia entre ciudadanos, han optado por declinar la iniciativa. «Hemos decidido retirar este proyecto de ley», expresó la ministra.

Prada explicó que, mediante la tramitación de esta legislación, el Gobierno de Arce buscaba cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), en lo que se refiere al combate contra el lavado de activos, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. «Un compromiso que hemos asumido como Estado Plurinacional», agregó.

Falla en socializar el proyecto

Pese a la importancia de luchar contra el lavado de activos, la ministra de la Presidencia reconoció que el Gobierno tuvo algunas «fallas en la socialización del objetivo».

«Frente a esas ausencias de información, se ha instalado en sectores de la población boliviana, un temor absolutamente infundado, sembrado, promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad», explicó Prada.

En las últimas semanas, sindicatos de automovilistas y comerciantes informales protestaron contra la aprobación del proyecto. El pasado lunes 11 de octubre, el país vivió una jornada de paro intensa, con múltiples bloqueos en el territorio.

Las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos también rechazaron la norma por supuestamente violar «garantías judiciales» y convertir a la Unidad de Investigaciones Financieras en un «instrumento de represión».

Tras el anuncio del Ministerio de la Presidencia, el senador oficialista Félix Ajpi expresó que no habrá impunidad para «los delincuentes que lavan activos», ya que el país cuenta con normas que regulan este delito.

«Vamos a construir una nueva normativa que no afecte a ningún sector», adelantó el legislador.