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El Gobierno busca terminar Las Parras, tras cuatro años de paralización por caso Medusa

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El Ministerio de la Vivienda (Mived) ha anunciado la apertura del proceso de excepción por urgencia para contratar la terminación de la cárcel de Las Parras, conocida como “Nueva Victoria”, por un valor estimado de RD$2,000 millones.

El proyecto se reanudará cuatro años después de su paralización como centro del proceso por corrupción denominado Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

La institución explicó que dicho procedimiento se justifica debido a la “apremiante necesidad” de poner en funcionamiento el recinto para mejorar las condiciones de reclusión de la población carcelaria del país, caracterizada por el hacinamiento y la inseguridad.

Dice contar con la aprobación de no objeción al proceso de contratación de parte de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, creada en abril pasado mediante decreto del presidente Luis Abinader.

Dicha comisión tiene la finalidad de ayudar en la conclusión de los trámites legales y administrativos que permitan terminar el penal, blanco de acusaciones de malversación de recursos en el caso Medusa.

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El procedimiento de compra, según el informe justificativo que le acompaña, tiene de antecedente dos cartas que desde el Ministerio Público enviaron al Mived pidiendo la agilización de Las Parras.

Una de ellas fue remitida por la procuradora general Miriam Germán Brito, quien el pasado 9 de mayo pidió la agilización de la construcción y terminación de las cárceles en proceso de construcción.

La otra, del 10 de mayo, es de Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General Prisiones, que expuso el grado de hacinamiento, con un 63 % de sobrepoblación.

Ese alto nivel de hacinamiento lo tenía el penal La Victoria previo al incendio que lo afectó el 18 de marzo pasado, en el que murieron al menos trece personas. Fijó en 9,900 la carencia de plazas en ese lugar.

“Las cárceles preventivas del gran Santo Domingo se encuentran sobrepobladas con personas privadas de libertad con medidas de coerción sin tener espacios donde albergarlas”, señala la carta.

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