Denuncias sobre compra de cédula se repiten en cada proceso electoral dominicano desde 1962
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Al igual que en casi todas las elecciones realizadas en el país de 1962 a la fecha, la denuncia de fraude, compra de cédulas para evitar el sufragio por el partido contrario al alegado sobornador, ya tiene poco efecto de preocupación, debido a su reiteración.
El ejemplo más reciente se produjo en las pasadas elecciones municipales de febrero, cuyos resultados fueron atribuidos “a la compra de conciencia, a través del pago por la entrega de la cédula de Identificación y Electoral”, por lo menos el día del sufragio.
Aunque las informaciones de los medios de comunicación y el reporte de los observadores nacionales e internacionales hacían referencia a la compra de ese documento, el procurador electoral interino, Iván Vladimir Feliz Vargas, se refirió a la compra de cédulas como una de las más recurrentes prácticas denunciadas en el proceso electoral municipal del mes anterior.
El funcionario judicial detalló que estos hechos ocurrieron en Azua, Bahoruco, Baní, Barahona, Constanza, San Cristóbal, Dajabón, Monte Plata, Duarte, Puerto Plata, entre otras provincias, cuyos autores se afirmó correspondían a varios partidos de oposición y oficialistas.
Sostuvo que por el momento no tenía definido cuál o cuáles partidos políticos habían incurrido en la práctica ilegal, cuya sanción puede ser de seis meses a dos años de reclusión y multas de uno a cinco salarios mínimos del sector público.
Explicó que el procedimiento a seguir es el que estaba llevando a cabo, consistente en analizar las denuncias que se recibían, “para ver si se ajustan a las infracciones electorales ya que, algunos son delitos comunes”.
La crisis del 2012
Al pasar revista de los acontecimientos referentes a este tipo de denuncia y otros no menos criticables, se recuerda la crisis generada en las elecciones del año 2012, cuando el entonces contendor principal de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) levantó su voz de protesta.
La situación fue tornándose cada vez más preocupante, que JCE, emitió un comunicado en el que reiteraba su compromiso con la democracia, y las garantías de que proceso electoral se desenvolvería “en el marco de la legalidad y legitimidad que mandan la Constitución y las leyes dominicanas”.
El documento indicaba que desde el 12 de abril de 2012 a la fecha, se habían expedido 395,968 duplicados con fines electorales, cantidad que era superior a la totalidad otorgado, sumando los años electorales 2008 y 2010, que sumaban 36,968, con la diferencia de que en estos dos períodos esa cantidad fue entregada en seis meses, mientras en la de 2012 la labor se ejecutó en apenas un mes y seis días.
Resaltaba que sólo el día 18 de mayo del citado año, fueron entregados 47,651 duplicados y que todo el que se encontraba en fila a las 12 de la medianoche, fue atendido hasta las 4:00 de la madrugada.
El documento también precisaba que la JCE “de manera formal requirió a todos los partidos políticos denunciantes la presentación de pruebas o evidencias de la existencia de los supuestos puntos de compra y venta de cédulas.
Agregaba que desde ese mismo escenario se solicitó a las diversas instituciones sociales, sobre todo, a organizaciones dedicadas a la observación electoral, que presentaran la información de que dicen disponer de los supuestos puntos donde se llevarán a cabo estas acciones ilícitas.
Significaba que hasta ese momento disponían de 144 centros de cedulación diseminados en todo el país, más 18 en el exterior, que estuvieron funcionando en los lugares de mayor demanda, al disponer una ampliación del servicio a partir de las 12 de la noche del día 18, en cumplimiento del poder otorgado por el Pleno para ese tipo de medidas.
