Demóstenes Martínez advierte reforma quitaría al Ministerio Público la política de persecución penal
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El abogado y periodista Demóstenes Martínez, miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que la reforma constitucional que promueve el presidente Luis Abinader “representa un grave atropello contra el equilibrio judicial y la política criminal del Estado dominicano”.
El ex diputado sostiene que bajo el pretexto de fortalecer la independencia del Ministerio Público, se está intentando despojar a este órgano de su verdadera autonomía.
Advirtió que de forma encubierta se está eliminando la parte capital del artículo 169 de la Constitución que es el que atribuye al ministerio público la tarea de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
“El transitorio vigésimo cuarto propuesto dispone que, hasta tanto la ley correspondiente asigne a un ente u órgano del Poder Ejecutivo la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, esta responsabilidad seguirá recayendo sobre el Ministerio Público”, refirió.
Señaló que se advierte con claridad que el propósito del referido transitorio es quitarle poder y facultades al Ministerio Público y pasarlo al Poder Ejecutivo, creando una reserva de ley que impactará sobre esa responsabilidad asignada al procurador y a los fiscales, según el artículo 169 de la Constitución.
Martínez dijo que es intrascendente la forma de designación del procurador plasmada en la propuesta, ya que siempre responderá de la voluntad del Poder Ejecutivo.
«Actualmente, la designación del procurador general de la República es una facultad directa del jefe del Estado. La propuesta sugiere que esta facultad sea indirecta, trasladando la decisión al Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta exclusiva del presidente. Esto no garantiza independencia, sino que introduce un control encubierto», afirmó.
Además, resaltó que la inamovilidad por dos años del procurador general lo hace más dependiente del Poder Ejecutivo, ya que para poder ser considerado por dos años más deberá hacer una gestión del agrado del mandatario.
Aclaró que la Constitución del 2010 y en la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), consagran la carrera que establece que todos los fiscales del país, incluyendo el 50% de los procuradores generales, son inamovibles y deben ser seleccionados mediante concurso de oposición, y no por designación directa o a indirecta del Poder Ejecutivo.
“La carrera del Ministerio Público, como órgano extra poder del Estado, se inicia con el paso obligatorio de sus miembros por la Escuela Nacional del Ministerio Público y luego de ser aprobados mediante un concurso de oposición y por méritos califican para ser fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores de cortes de apelaciones y procuradores adjuntos de la Procuraduría”, aclaró Martínez.
