Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La delegación de los partidos opositores que acudieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a denunciar las supuestas faltas de garantías electorales en la República Dominicana, fue recibida por tres funcionarios medios del organismo hemisférico.
Estos fueron Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia; Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, y Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Electoral.
Precisamente entre lunes y este miércoles, tanto el secretario general, Luis Almagro, como otros responsables de mayor categoría, estuvieron inmersos en el abordaje de la crisis creada por el gobierno ecuatoriano con el asalto a la Embajada de México en Quito, de donde salió una resolución de condena enérgica a la acción violenta.
La delegación denunciante estuvo integrada por Miguel Vargas Maldonado, presidente y candidato presidencial del PRD, el senador peledeísta Iván Lorenzo, y la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y delegada ante la Junta Central Electoral (JCE), Janet Camilo.
Por la Fuerza del Pueblo, participó de manera virtual el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.
Los comisionados denunciaron ante la OEA una serie de acciones del Gobierno que hacen peligrar la democracia dominicana, tras lo cual los interlocutores informaron la posibilidad de adelantar su asistencia a la República Dominicana y ampliar el personal, para asegurar su tarea de observación y evitar que se atente contra la democracia, la institucionalidad y la voluntad popular.
Al fungir como vocero el ex canciller Vargas Maldonado solicitó “la urgente presencia activa en el país, para que se convierta en garante y cesen las acciones por parte del gobierno que atentan contra la democracia, institucionalidad y la voluntad popular”, y que en que resta del proceso electoral, se garanticen las condiciones para una competencia equilibrada.
“Hemos venido a la OEA a externar nuestra profunda preocupación por las diferentes situaciones que se están presentando en el proceso electoral dominicano, que atentan gravemente contra la democracia, la institucionalidad y la libre expresión de la voluntad popular el día de las elecciones”, insistió.
Los partidos informaron que presentaron, exhaustivamente, múltiples pruebas del “uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición”.
Alegaron que “la utilización política de los programas sociales del gobierno, el otorgamiento de pensiones privilegiadas mediante decreto presidencial a dirigentes de la oposición a cambio de pasen a apoyar a la reelección, la compra vulgar de alcaldes, diputados, senadores, candidatos electos y no electos en las municipales son algunas de las peligrosas acciones que obedecen a un sofisticado plan orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único, amparado en el dinero del erario y del narcotráfico”.
“Este plan alcanzó su clímax el día de las elecciones municipales de febrero, en las cuales los dominicanos presenciamos la más burda operación de compra de cédulas con recursos del Estado y otros de origen ilícito para inducir una abstención histórica que en las grandes plazas alcanzó más del 60%”, añadieron.
