Defensor del Pueblo condena hechos en cuarteles y reclama acciones de la Policía y la PGR
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa exigió al Consejo Superior Policial aprobar con carácter de urgencia un protocolo de actuación para el trato debido a las personas en condición de vulnerabilidad por parte de los miembros de la institución.
La demanda se produce luego del funcionario reprobar las acciones y omisiones atribuidas a los policías involucrados en la muerte de David de los Santos, Gregorio Custodio y Richard Báez.
Ulloa también exhortó al director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, a dar instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias.
Sostuvo que esta última petición procura corregir y prevenir, conforme el debido proceso, “las conductas desviadas de algunos de sus miembros”.
Igual señalamiento hizo al Ministerio Público, exhortándolo a “asumir proactivamente” las funciones de supervisión y tutela de los derechos de las personas detenidas en los recintos policiales o en centros de detención provisionales del país”.
Los conceptos fueron expuestos por el Defensor del Pueblo durante una rueda de prensa en la que presentó el resultado de una investigación sobre las muertes de los tres jóvenes citados, realizada por un equipo especializado.
Explicó que la pesquisa fue dirigida por la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Ana Leticia Martich Mateo, cuyo informe final entregarán al titular de la Policía Nacional y a la Procuradora General Miriam Germán Brito.
La investigación incluyó el traslado a lugares de los hechos, entrevistas a autoridades, familiares de los fallecidos y a testigos presenciales de esos trágicos hechos, así como instruir a los mandos de la institución, para que oriente diariamente a sus subordinados.
Esas orientaciones, significa la indagatoria, han ido dirigidas sobre la importancia de cumplir con la obligación de preservar los derechos y garantía de las personas.
Ulloa además hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar “activa y debidamente por todos los canales disponibles, las acciones y omisiones que pongan en riesgo la vida».
Asimismo, las acciones que atenten «contra la dignidad e integridad de las personas detenidas en los distintos recintos policiales o cualquier centro de detención provisional”.
