Declaratoria de emergencia para compras del sector eléctrico genera serios cuestionamientos
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Ante la agudización de la crisis de energía eléctrica que afectan gran parte del territorio nacional, el presidente Luis Abinader declaró el estado de emergencia en el sector eléctrico, mediante el Decreto 517-25, emitido el pasado 8 de septiembre.
La medida, sustentada en 13 considerandos y ocho artículos, permite a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) realizar compras y contrataciones bajo régimen de excepción, sin necesidad de pasar por licitaciones públicas.
De inmediato, varios sectores nacionales consideraron inapropiada la medida, al entender que se le está otorgando a los entes del sector una patente de corso para eventualmente incurrir en cualquier situación desventajosa para el Estado.
El propósito, según indicó el Gobierno, es acelerar las soluciones ante los apagones que han alcanzado hasta 12 horas en algunas zonas, afectando a hogares, empresas y servicios públicos.
Sin embargo, el mandato ha generado múltiples reacciones en distintos sectores sociales, políticos, empresariales y económicos, entre estos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
A través de su secretario general, Johnny Pujols, calificó la medida como una muestra de improvisación y falta de planificación estratégica del gobierno, considerando que debió enfocarse en cumplir con el Pacto Eléctrico Nacional, en lugar de tomar decisiones aisladas.
Mientras, la Fuerza del Pueblo, dijo a través de su vocero, Juan Moreno, consideró que el citado decreto «evidencia que no hay un plan a largo plazo para enfrentar la crisis energética, ni aborda el problema estructural del sistema”.
Expertos advierten que reducir solo un punto porcentual de estas pérdidas podría tomar uno o dos años de trabajo continuo, por lo que dudan de la efectividad de medidas de corto plazo.
Agregan que el actual déficit supera el 40%, lo que implica casi la mitad de la energía servida no se factura ni se cobra, lo que ha elevado el subsidio estatal a cifras cercanas a los US$2,000 millones, sólo en lo que va de este año.
El decreto incluye facultades amplias, desde la adquisición de equipos de generación y bancos de baterías, hasta el pago de asesores técnicos, lo que ha despertado preocupaciones sobre la falta de transparencia.
Por otro lado, el movimiento cívico Participación Ciudadana también reaccionó, criticando la escasa inversión pública en el sector y exhortando al Gobierno a garantizar soluciones sostenibles, con supervisión independiente, transparencia y rendición de cuentas.
El decreto no solo contempla compras directas de equipos, sino también contratación de nuevas plantas de generación, adquisición de bancos de baterías, pago a asesores técnicos y financieros, entre otras facultades.
Este alcance amplio ha despertado inquietudes sobre la posibilidad de que se utilice sin los controles adecuados, dada la falta de transparencia que históricamente ha caracterizado al sector eléctrico.
Por ello, se ha exigido al Gobierno publicar reportes mensuales de las EDES, auditorías externas, y apegarse a los compromisos del Pacto Eléctrico, como vía para restaurar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos invertidos tengan resultados tangibles.
