Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: El sistema de salud dominicano está fundamentado en un insostenible modelo que se enfoca en esperar la ocurrencia de las enfermedades en el ser humano para luego curarlas. En ese escenario, la comunicación juega un indeseable rol accesorio, cosmético, reactivo.
A la luz de la realidad, se trata de un paradigma que deviene en barril sin fondo, muy caro, y con bajísimo impacto en el estado de bienestar biopsicosocial de la sociedad.
El Gobierno fue previsor con la compra de inmunógenos contra la covid-19, pero, a la hora de inyectarlos, chocó con una gran muralla: la gran mora estatal en materia de cultura de prevención. La resistencia de la gente le dio un frenazo.
Están ahí, como ejemplo, la morbimortalidad evitable a causa de siniestros de tránsito, enfermedades del corazón y la diabetes, para no hablar de gastos familiares y ausentismo laboral por patologías hídricas.
Sólo por colisiones y vuelcos, en 2021 murieron 2,711 personas, según informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. En términos económicos, conforme Seguros Banreservas, los gastos representaron para el Estado el 2.27 del Producto Interno Bruto, o sea, 60 mil millones de pesos.
En 2019, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, Claudia Almonte, declaró que el 37% de las muertes en República Dominicana es atribuida a enfermedades cardiovasculares, y el 70% de ellas por infarto al miocardio, segunda causa de muerte luego de los “accidentes de tránsito”. Afirmó que entre 10 mil y 15 personas hacen evento agudo al miocardio, y de esas, 5 mil mueren.
La Organización Mundial de la Salud informó en 2018 que en nuestro país fallecen cada año 2,453 a causa de Diabetes mellitus (4.06% de todos los decesos).
Ahora, con la pandemia de la enfermedad por coronavirus causada por el SARS-CoV-2, Salud Pública informa de casi 5 mil muertes y de unos 600 mil casos positivos.
Aunque el Gobierno fue muy previsor con la compra de inmunógenos contra la covid-19, a la hora de inyectarlos chocó con una gran muralla: la gran mora estatal en materia de cultura de prevención, expresada en la resistencia de la gente a acatar las disposiciones oficiales.
A la fecha, según la información oficial, solo 54.5% de población ha completado el esquema de vacunación, es decir, 5.9 millones de personas. 15 millones de dosis han sido administradas. El gabinete de Salud ha dicho que sobran inyectables en los refrigeradores. Tantos que ha regalado a otros países y unos lotes están en proceso vencimiento “porque la gente no acude a vacunarse”.
Las muertes y minusvalías causadas por siniestros de tránsito, enfermedades del corazón, diabetes y la covid tienen un hilo común: carencia de una cultura de prevención. Las personas esperan la tragedia, se asombran y corren hacia cualquier hospital. El apiñamiento en los centros sanitarios de tercer nivel es una consecuencia nefasta.
¿Cuántos decesos se podrían evitar si cada persona tuviera conciencia sobre manejo responsable en las vías públicas y Salud Pública, bajo otro paradigma, diera seguimiento de manera sostenida a la salud de la población en los mismos cuadrantes donde vive, o cada persona, sin mandarle, se hiciera chequeos rutinarios cuando supone que está sana, no cuando algún síntoma le aqueja, y cada uno entendiera la utilidad de las vacunas?
Seguro que la mayoría. Pero el paradigma de salud dominante está basado en la reacción; así que manda a esperar la tragedia para luego intervenir.
República Dominicana tiene tradición de eficiencia y eficacia en vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles (poliomielitis, sarampión, difteria, tosferina, tétanos, neumococos, tuberculosis, meningitis), que comenzó a ejecutar desde la gestión de Amiro Pérez Mera en Salud Pública, durante el gobierno presidido por Salvador Jorge Blanco (1982-1986).
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de Salud Pública, es modelo. Las madres dominicanas, en general, tienen ya conciencia sobre el impacto negativo dramático de tales patologías en sus hijos cuando no completan los esquemas de vacunación recomendados por la ciencia.
Tal estado de conciencia debería generalizarse en la sociedad. Pero ello pasa por una voluntad política que permita instalar el paradigma emergente orientado a la construcción de una cultura de prevención, en el que la gente sea sujeto y no objeto y la comunicación sea asumida como proceso vital, imprescindible, que transversaliza el sistema. Decisión política porque se necesita romper con una tradición que, a la vez, es negocio redondo para unos cuantos, como el curar enfermedades prevenibles.
El presidente Luis Abinader puede disponer el desmonte, si no la disrupción, de sistema tan obsoleto como dañino.
Mientras los expertos teorizan, podría ordenar la siembra masiva de unidades de atención primaria funcionales en todos los confines del territorio nacional, así como recuperar el médico y la enfermera de familia, para que asuman la responsabilidad de velar porque las personas que viven en cada cuadrante de cada provincia se mantengan saludables.
