Creen privilegios en cárceles militares y policiales citados por Girón influyó para enviar a Najayo acusados Operación Coral

SANTO DOMINGO:  “A los militares no les importa caer presos, porque saben que esa privación de libertad no es tal, ya que mientras el tribunal y la sociedad creen que están presos “fácilmente están de vacaciones en una villa un fin de semana”.

Así describió el mayor del Ejército Raúl Girón durante su comparecencia el jueves, ante la jueza Kenya Romero, que le conoció la imposición de medidas de coerción en su contra, junto a otros cinco encartados en la Operación Coral.

Según el militar, otros privilegios que tienen asegurados los infractores militares y policiales “privados de libertad” son alojamientos en “cuartos con aire acondicionado, televisión, computadora con internet y celular full las 24 horas del día”.

Esa fue hasta ahora lo “común y corriente”, por lo que el envío al Centro de Co­rrección y Rehabilitación de Najayo a los implica­dos en el entramado de corrupción develado, ha generado un debate en el aspecto jurí­dico.

Un sector de los llamados abogados penalistas, dependiendo de su defiende o acusa los sometidos, se enfrentan en sus interpretaciones so­bre el lugar donde de­ben cumplir la prisión preventiva los militares y policías involucrados en este caso.

Unos sostienen que éstos fueron correctamente enviados a cárcel ordinaria de Najayo-Hombre/Mujer, junto a los civiles, como dispuso la magistrada, mientras otros defienden que debieron ser enviados, como hasta ahora, a uno de los varios recintos espe­ciales creados para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Na­cional.

Una nota publicada este marte en Listín Diario, señala a los exper­tos en Derecho Carlos Sal­cedo, Marino Batista Ubrí, Bu­nel Ramírez…., entre los que plantean que tanto los uniformados deben cumplir pri­sión en cárceles comunes, “porque la Constitución no les otorga ningún privile­gio, sino que, por el contrario, establece el derecho a la igualdad”.

El matutino índice que, en cambio, Carlos No­vas, Cándido Simón y Tir­so Pérez, entienden que la deci­sión de la jueza de atención permanente del Distrito Nacional, no decidió correctamente.

Entienden que a los encartados militares “les corresponde recin­tos especializados, como El Polvorín, de Villa Mella, en caso de los militares, y en Operaciones Especiales, de Manoguayabo, a los poli­cías”.

Los detenidos están acusados de distraer del Estado más de RD$3,000 millones, a través de un entramado de corrupción que incluye lavado de activos, falsificación de documentos, testaferrismo, entre otros ilícitos.

Estas indelicadezas según el Ministerio Público, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

Este último organismo, dirigido por el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres, durante ocho años y hasta el pasado agosto.

El mayor Girón, insistió en su apreciación de que por la forma en que operan las cárceles militares y policiales, a los miembros de estas instituciones “no les importa estar presos”.

¿Es ilegal lo que se hizo?

Conforme al parecer del aboga­do Cándido Simón, la decisión del tribunal de enviar a los militares y policías a una cárcel ordinaria fue algo “innecesario e ilegal”, indicando que para los militares y po­licías hay cárceles espe­ciales.

Indicando que tampoco el encerrarlos en esos lugares no constituye un privilegio, porque el propósito es garantizar “seguridad y legali­dad” y que los centros del nuevo modelo están previstos para presos condenados, no para preventivos.

Dijo que enviar reos preventivos a centros de reclusiones destinados a personas juzgadas definitivamente, se transgrede la ley 224 sobre régimen penitenciario.