Creen llamada mora judicial es plataforma que sirve a Luis Henry Molina para aproximarse al presidente Abinader

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Si hay un problema en el que todos los sectores relacionados con el sistema judicial dominicano coinciden en resolverlo de manera definitiva es la distorsión conocida como Mora Judicial.

Es uno de los muchos problemas que el presidente Luis Abinader se ha referido con marcada preocupación, plataforma que inteligentemente viene aprovechando el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, para conectarse con el mandatario.

Tanto cuando era candidato como ahora que es jefe de Estado, Abinader ha planteado la necesidad de corregir la Mora Judicial, cuya práctica se considera “el nudo gordiano” del sistema judicial dominicano.

El interés de Molina en aproximarse a la preocupación del Poder Ejecutivo de que se acorte lo más rápido y real la permanencia ilegal en prisión de un ciudadano, quedó evidenciado en su discurso pronunciado el Día del Poder Judicial del año en curso.

En ese acto, el magistrado Molina, con el presidente Abinader a su lado, lució lisonjero con el titular del Poder Ejecutivo al admitir que el retraso en los procesos judiciales es uno de los principales problemas del sistema procesal dominicano.

Refirió que hasta en la propia alta corte, se tiene acumulados 18,357 casos, los que desde junio de 2019 esperaban resolución, lo que a su juicio es “inaceptable” que en los tribunales existan procesos judiciales que aguardan por sentencia desde el siglo pasado.

“No es posible suspender la vida de la gente, porque estos fueros retrasen una decisión o que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas para protegerlo estén en retardo”, agregó.

“¡No podemos aceptarlo! No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo”, expresó de manera dramática.

En ese sentido, definió la mora judicial como “un problema crónico del sistema de justicia dominicano”, en cuya solución dijo trabajará, según el programa Visión Justicia 20/24.

El porqué del problema

A manera de justificación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, consideró que la raíz del problema tiene distintos aspectos, uno de los cuales es la discrepancia entre el número de jueces para cada nivel del sistema, y el porcentaje de casos ingresados anualmente.

“Así, mientras los jueces de primera instancia y de la Suprema Corte deben conocer en promedio 484 y 486 casos cada uno, respectivamente, este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación a tan solo 169 y 131 casos en promedio cada uno”, refirió.

También planteó la toma de medidas puntuales como que los magistrados de corte de apelación puedan resolver asuntos de primera instancia sin perder su carácter de tales, así como trabajar en mecanismos que permitan distribuir la relación entre los jueces y la carga de trabajo.

“Se debe organizar los horarios de las audiencias para respetar el tiempo de las ciudadanas y los ciudadanos que recurren a la justicia o deben comparecer ante ella, así como el tiempo de sus abogados y abogadas”, agregó.

Molina fue designado presidente de la SCJ por el Consejo Nacional de la Magistratura para un período de cuatro años, el cuatro de abril de 2019.

La visión de Abinader   

“Uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo”.

La reflexión fue externada en enero de 2020 por el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones aliadas, quien en la ola de reformas que visualizaba, aun las entiende como imprescindibles su realización.

Partiendo del concepto de “real independencia del Poder Judicial”, el mandatario entiende como abominable que el mantenimiento en prisión de un ciudadano más allá del tiempo que amerita la falta cometida o que se le impute.

La visualización que sustenta el presidente se enfoca en lo beneficioso que sería corregir la eliminación de inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años, con la posibilidad de ser ratificados, según manda el artículo 180 de la Constitución.

“Ese artículo es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esas altas cortes se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional”, sostuvo.

“Si algo hay que se debe evaluar en un juez en ejercicio que desea continuar en el cargo seria su desempeño, puesto que el hecho de haber sido designado anteriormente da por supuesto que posee las aptitudes intelectuales requeridas”, agregó.

Entiende, asimismo, que la inamovilidad absoluta de los jueces en países como la República Dominicana puede resultar improcedente, “dado que con renovaciones programadas y reglamentadas podemos, llegar a alcanzar la madurez requerida en el cuerpo de jueces supremos”.

En ese sentido propone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un período único de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos, apuntando que su designación sería en períodos escalonados similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional.

El propósito es que la renovación del pleno sea de manera parcial y no perder la continuidad en el funcionamiento del sistema.

Enmienda en el CNM

De otro lado, Abinader reiteró su posición de independizar el sistema judicial dominicano dirigido a la búsqueda de dos objetivos: la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo y la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la SCJ por la del presidente del Tribunal Constitucional.

Con la primera, entiende que se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones.

La segunda enmienda lograría una mayor pluralidad en la conformación del órgano, “y reconoceremos la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución”.

La presidencia de la SCJ

También plantea que en interés de fortalecer la carrera judicial, la presidencia de la SCJ solo pueda ser ejercida por un juez de carrera y que, en consecuencia, ningún juez proveniente del ejercicio privado o del ministerio público pueda detentar esta posición.

Entiende que con esas correcciones, “no sólo apostamos a la carrera judicial, sino a una mayor identificación de los demás miembros de ese poder, con su órgano de dirección”, aunque dijo estar consciente que la materialización de esta reforma implicaría una reforma constitucional.