Redaccion/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varios contratistas agrupados en el Comité Institucional Codiano (CIC) informó este lunes haber dirigido una comunicación al nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, en la que le solicitan su intervención para el proceso de pago de una deuda estatal acumulada por un monto deRD$336 millones.
Señalan que ese débito correspondiente a obras públicas concluidas, entregadas y en funcionamiento desde hace años.
En la carta, aprobada por los miembros de la Comisión de Estrategia del CIC y firmada por el arquitecto Emiliano Familia, se expone «que la falta de acción durante los últimos cinco años del presente gobierno ha impedido la tramitación efectiva de estas deudas, afectando a 82 contratistas que han cumplido con sus compromisos contractuales y esperan justicia administrativa».
El documento señala que durante la pasada gestión de Hacienda se estableció una lista de 15 documentos que las instituciones contratantes deben suministrar como requisitos para autorizar los pagos, “pero muchas de esas entidades deudoras han declarado que parte de esa documentación ha desaparecido de sus archivos”.
Indica que esta situación ha paralizado el proceso de pago, sin que se haya propuesto ninguna solución concreta para compensar la ausencia de documentos públicos.
Los contratistas recuerdan que, en mayo pasado, el ahora ministro sin cartera, Deligne Ascención, promovió una reunión con el entonces ministro de Hacienda Jochy Vicente y el presidente del Codia, Carlos Mendoza, con miras a establecer requisitos mínimos para facilitar los pagos.
Sin embargo, señalan que posterior a esa reunión, se ha reiniciado una revisión redundante de expedientes que ya habían sido evaluados en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
El CIC propone una salida legal y viable al impasse, basada en el reconocimiento por parte de la Contraloría General de la República de que todo contratista recibió un avance inicial, lo cual prueba que su expediente fue registrado legalmente, incluyendo presupuesto y contrato.
También plantea la sustitución de documentos desaparecidos por un dictamen del consultor jurídico de la institución deudora que reconozca la existencia de la obra y de la deuda, así como un estado de situación financiera emitido por la institución contratante.
