Contrataciones Públicas emite normativas para compras en Punta Catalina y desarrollo turístico de Pedernales
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aprobó el manual interno de compras y contrataciones de la Empresa de Generación Eléctrica de Punta Catalina, así como el Reglamento para las mismas actividades del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la provincia Pedernales.
El organismo explicó que el manual de Punta Catalina da cumplimiento al artículo 252 del Reglamento de la Ley 340-06, el cual establece las directrices generales para que las empresas públicas puedan adquirir bienes, servicios y obras.
También se incluyen, en este caso, insumos, materiales y repuestos para la generación de energía eléctrica, en base a los principios de la Ley 340-06.
Según el reglamento, las empresas públicas no financieras, instituciones descentralizadas y autónomas financieras y las empresas financieras, están llamadas a elaborar un manual interno de contratación pública para bienes, obras y servicios, que deberá ser aprobado por la DGCP.
Con esta nueva normativa se busca asegurar la máxima eficiencia en la adquisición de los bienes, servicios y obras requeridos para la operatividad termoeléctrica.
Asimismo, la DGCP explicó que el Reglamento de Pro-Pedernales es un instrumento administrativo que establece las normas y los procedimientos para regular las contrataciones de bienes, servicios y obras que se realicen para la consecución de este proyecto.
“Los procesos para la selección de proveedores, la adjudicación de contratos relativos a la realización de obras, la prestación de servicios, la adquisición de bienes con cargo al patrimonio fideicomitido, así como las demás actuaciones del fideicomiso público, se harán de conformidad a la Ley No. 340-06”, señala la DGCP.
Aseguró que, si bien contarán con instrumentos que permitirán una mayor fluidez en las contrataciones, los fideicomisos públicos y las empresas públicas no financieras, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y las empresas públicas financieras, continuarán rigiéndose por la Ley 340-06.
