| Redacción/elCorreo.do SANTO DOMINGO: La Contraloría General de la República cuestionó a la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca), por alegadamente usar “un documento “confidencial” y de “mero trámite”, sobre pagos y libramientos “por concepto de deuda pública”. El organismo gubernamental establece que no es oficial el “informe de investigación por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado” elaborado por varios de sus peritos de la Unidad Antifraude. Afirma que su objeción al uso del citado documento se debe a que el mismo “no contiene siquiera un dictamen o enjuiciamiento conclusivo sobre los referidos pagos”. La Contraloría expuso sus consideraciones en una demanda en intervención forzosa que presentó, con motivo de la demanda en nulidad de ese informe que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el abogado Ángel Lockward y la entidad Ángel Lockward & Asociados, en contra de la Contraloría. En la instancia, la institución señala que el responsable de la Unidad Antifraude que recibió el informe, Leónidas Radhamés Peña Díaz, no lo remitió al Contralor Catalino Correa Hiciano, por lo que este último “no lo tramitó ni firmó”. Plantea que el documento es interno y privado, “por lo que no se puede encasillar como un acto administrativo firme”, a la vez que dice “ha circulado de manera arbitraria”. En ese sentido la Contraloría sostiene haberse desligado de las actuaciones de la Pepca, “por no depender de este organismo ni de su titular, que el Ministerio Público haya tomado acciones en vista de un documento de mero trámite”. En base a ese informe, el Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de RD$17,000 millones, atendiendo a las oposiciones de la Pepca, amparándose en la resolución judicial número 0010, emitida el 29 de diciembre de 2021 por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción. Los peritos de la Contraloría investigaron presuntas maniobras fraudulentas entre los meses febrero a julio del 2020, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, y el Consejo Estatal del Azúcar, en perjuicio del Estado Dominicano, por aproximadamente RD$12,540,449,339.27. |
