Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) definió como “un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo”, el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en el que informa que tomará medidas cautelares para evitar que en los medios de comunicación obstruyan los procesos de persecución de la corrupción.
“Creemos que el ministerio público debe actuar con total transparencia en los procesos, pero a la vez respetar el derecho de los periodistas en el ejercicio de la profesión y cumplir con el deber de informar”, señala una declaración de prensa.
Aurelio Henríquez, presidente del ente periodístico, llamó al ministerio público realizar su trabajo “y dejar que los periodistas hagan el suyo”.
Declaró que el CDP se mantiene activo y alerta “ante cualquier amenaza contra la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos que esperan y exigen un ejercicio ético y profesional del periodismo”.
Henríquez defendió el derecho que tienen las oficinas de abogados, empresas o cualquier persona en particular, de contratar la asesoría de profesionales de la comunicación para dar a conocer su versión sobre un hecho.
En ese sentido llamó a los periodistas que cubren el área justicial a mantenerse alerta “ante cualquier atentado a la libertad de informar cuando ocurren hechos en el seguimiento de los casos judicializados, no solo los de corrupción, sino todos”.
“El periodista es un profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la Constitución tenemos derecho a jamás ser censurados por ningún poder del Estado, llámese Justicia, Legislativo o Ejecutivo”, precisó Henríquez.
El CDP reaccionó de esta manera ante el comunicado emitido el lunes por la Procuraduría General de la República, en el que denuncia “la orquestación de una campaña a nivel de medios de comunicación para desacreditar los acuerdos que se han hecho con imputados en casos de corrupción”.
Previo a la nota, el periodista Julio Martínez Pozo denunció que los acuerdos de culpabilidad a que ha llegado el ministerio público con acusados de corrupción que se han constituido en delatores premiados, “implica que la devolución de dinero público se hará mediante la construcción de obras para el Estado”.
