Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO.- El empresario César Emilio Peralta (César el Abusador), que guarda prisión en Puerto Rico por cargos de narcotráfico transnacional, instruyó una demanda contra EEUU, por siete millones de dólares argumentando falta de atención médica.
Conforme a una publicación del periódico elnuevodia.com de Puerto Rico, la demanda incluye el Centro Metropolitano de Detención (MDC), ubicado en Guaynabo, donde está recluido.
Peralta está en ese centro de detención desde diciembre de 2021 cuando fue extraditado desde Colombia, donde fue capturado luego de años prófugo de la justicia.
«Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y permanece bajo custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos, luego de su extradición en diciembre de 2021 por una pesquisa que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) inició en 2018», dice la noticia de colgada en el portal del periódico.
Según el medio informativo, Peralta ha solicitado que se le provea tratamiento para varias condiciones médicas desde que fue arrestado.
«Cuando se declaró culpable, en el 2022, le informó al juez federal Pedro Delgado que la administración de la prisión no le proveyó atención a su situación de salud, acusación que repitió a principios de diciembre de 2024”, refiere la publicación.
Agrega que entonces, Peralta reiteró el reclamo al radicar una demanda civil por siete millones de dólares en la que denunció violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del ex alcaide y de otros oficiales que laboran en la prisión»,
La publicación del medio afirma que «los abogados de Peralta también solicitaron interdictos (procedimiento judicial sumario, rápido y sencillo) temporeros y preliminares para que se le conceda a su cliente el remedio solicitado de inmediato».
Conforma a los documentos judiciales disponibles, Peralta argumentó que no necesitaba completar el proceso administrativo porque desconocía de los procesos, debido a que los demandados ignoraron sus denuncias médicas y obstruyeron sus quejas.
Relata, que por esa razón, los oficiales del reclusorio «fallaron en tomar acción» después de enterarse de las querellas verbales y escritas».
Sin embargo, la jueza Camille Vélez Rivé, tras evaluar el recurso y las réplicas de los demandados, denegó la medida de urgencia y dejó que el caso tomara su curso regular.
La crónica del diario agrega que la magistrada de distrito expresó que la demanda fue radicada «sin algún tipo de evidencia en apoyo, sino con argumentos vagos del abogado».
Resalta que mientras, los demandados presentaron una detallada declaración jurada de una empleada del área legal, con una explicación del proceso y el señalamiento de que Peralta «no radicó ninguna petición para remedio administrativo».
