Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: Ha pasado inadvertido un filón importante en el tratamiento dado por una parte de los medios tradicionales y digitales a la muerte a tiros del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Memarena) y miembro de la dirección ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, en su propio despacho, a manos de su “amigo de infancia”, Miguel Cruz (Curita o Carandai).
Se trata de la exacerbación de las emociones de los públicos en desmedro de la razón, solo para conquistar rating, sin importar la búsqueda de la verdad para servirla a la sociedad como historias periodísticas constructivas, que es rol del periodismo ético.
No es que la víctima haya sido santa o demonio en su gestión en el Ministerio, pues, la investigación debería determinarlo. Es que, en esos medios, poco o nada autorregulados, desde el mismo 6 de junio al mediodía, en que Curita o Carandai mató al funcionario, han alentado el morbo, la especulación, las verdades a media, la superficialidad, y, con ello, han contribuido al ocultamiento.
No solo eso. También han abierto de par en par las compuertas al chisme y al rumor que, en el humano, brotan a borbotones como salida de la incomprensión de los hechos.
Con ese agitar de la efervescencia, aumentan los riegos de que se repitan tragedias similares entre personas de los públicos con predisposición a la violencia e imposibilitadas resignificar críticamente el discurso amarillista teatralizado con fines mercuriales en radio, televisión y redes sociales. Hace décadas que estudios sobre los efectos de los medios han demostrado que eso posible.
Los sustentantes de la espectacularización de ahora han relievado la opinión sin datos que la validen, pese a que es uno de los requisitos vitales del periodismo opinativo o de solicitación de opinión.
Se ha rehuido a causas, motivaciones, antecedentes, consecuencias económicas, políticas, culturales, familiares y sociales.
Así, han erigido la descontextualización como norma, y ello deviene en desinformación.
Y la desinformación daña tanto como el asesinato mismo porque afecta psicológicamente, al mismo tiempo, a miles de personas de todas las edades que siguen tales instrumentos de difusión y a sus actores.
Además, representa el arrebato del derecho de la sociedad a recibir información veraz.
La muerte violenta del funcionario de 56 años fue precedida de una sostenida agitación mediática orientada a echarle encima a autoridades gubernamentales turbas de reclamantes de empleos con el único requisito en el CV de haber participado en la campaña.
El verdugo exigía privilegios superiores a los estándares medioambientales legales porque supuestamente había ayudado a la victoria de la organización política en 2020, conforme información preliminar del Ministerio Público.
Cada vez más personas de las que se involucran en la política tienen como objetivo mayor “llegar para buscármela como sea para resolver mi vida”. Nada de servir. Y justifican esa actitud de corruptos en que otros lo hacen y nada pasa.
Y en ese afán de enriquecimiento, tratan de colocarse en puestos clave de las instituciones, o vincularse a funcionarios influyentes propensos al delito, para viabilizar acciones ilegales que previamente han convenido con empresarios igualmente corruptos amantes de puentear las reglas de la competencia efectiva en los mercados, la Constitución y leyes nacionales.
Casi seguro que los abogados del criminal le pondrán a decir todas las diabluras posibles con tal de desacreditar a la víctima y, al menos, lograr la implantación de la idea de “homicidio excusable” con una pena menor a dos años.
Nada importará la revictimización con daños a su reputación. Solo importa visibilizarlo como provocador de la agresión.
Sus promotores tendrían éxito rápido si el MP no realiza una investigación completa oportuna, que desenrede todos los hilos de la trama y someta a quien tenga que someter sin importar nombres ni nacionalidades.
Entretanto, una vez más, la posverdad, el bulo, ha ganado la batalla a la nota documentada, a la explicación, al análisis y a la perspectiva a partir del contexto.
Desde la perspectiva comunicacional, el caso Orlando debería ser una excusa para la autocrítica y la reorientación del tratamiento periodístico de la información.
Porque no hay peor veneno social que el sensacionalismo y el amarillismo, o sea, la magnificación del hecho sin importar verificación ni cuánto dañe a la sociedad con el único propósito de viralizar relatos para sacar provecho económico.
Entendamos que lo humano debe contar. No basta con publicar información a través de medios posmodernos. Se necesita que esta sea veraz, trabajada bajo el tamiz de la ética, porque ella “moldea la autorregulación”; ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo primero, para acogerlo y reforzarlo; lo segundo, para evitarlo o aminorarlo.
Como ha planteado la dirección de Chasqui en su nota a los lectores (1998): “En el Periodismo la técnica y la ética no pueden estar divorciadas; deberán permanecer siempre unidas. Ser un buen periodista profesional no es suficiente; ser honesto también cuenta, y mucho, incluso en la manera cómo se obtiene la información. Ética y técnica son indisolubles como el “zumbido y el moscardón”.
Lástima que, por estos lares, en muchos escenarios aún hoy no solo anda al garete la técnica, sino la tecnología, como si ellas solas bastaran.
Estamos ante una oportunidad para mejorar.
