Carlos Pimentel admite ministro de Vivienda está relacionado al fideicomiso de empresa turística
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El director de Compras y Contrataciones (DGCCP) Carlos Pimentel, confirmó que dentro del fideicomiso “Velero at Punta Cana” hay una empresa en la que el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, tiene más del 10% de las acciones, superando el límite permitido por la ley.
Sin embargo, el funcionario aclaró durante su participación en el programa en un programa de televisión, que las contrataciones se realizaron con el proveedor adjudicado y no directamente con la empresa en cuestión.
“La debida diligencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) fue simple y no alcanzó las estructuras reales de propiedad”, manifestó Pimentel, al admitir que ese proceso fue simple y no se amplió en las verdaderas estructuras de propiedad del inmueble en cuestión.
Además, destacó la importancia de fortalecer los procesos de verificación para evitar riesgos y garantizar mayor transparencia en las contrataciones del Estado.
El funcionario insistió que en el proceso cuestionado no existió contrato registrado, no se efectuó pago alguno y, por ende, no hubo beneficiario final, ya que fue cancelado tras la renuncia del adjudicatario.
Ante los cuestionamientos sobre posibles irregularidades, Pimentel significó que el país ha avanzado en la debida diligencia en contrataciones públicas, pero insistió en la necesidad de profundizar en los controles para evitar riesgos reputacionales y conflictos de intereses.
De igual manera, reveló que la empresa en la que el ministro de la Vivienda tiene participación accionaria dentro del fideicomiso no puede operar como proveedor del Estado, ya que su registro fue suspendido hace uno o dos años como medida preventiva por el régimen de incompatibilidad.
Aclaró que el fideicomiso no es proveedor del Estado y que la transacción cancelada por la Ogtic tras la renuncia del adjudicatario no se realizó ni con el fideicomiso ni con la empresa vinculada al ministro, sino con un tercero que sí tiene su registro de proveedor activo y en cuya composición accionaria el funcionario no participa.
“No podría haber ganancia, a menos que la rentabilidad nunca haya sido el objetivo de la negociación, sino simplemente viabilizar la operación mediante un intermediario protegiendo a los verdaderos beneficiarios del proceso de adjudicación”, concluyó.
