Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Según los informes de la Cámara de Cuentas y otros expedientes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el anterior gobierno en al menos seis instituciones del Estado, “manipularon contratos de obras, compras fraudulentas y nóminas falsas por más de RD$48,000 millones, para beneficio de sus funcionarios.
Así lo plantea una crónica del periódico digital Acento, la que cita entre esas dependencias gubernamentales a las Fuerzas Armadas, sector eléctrico, la Procuraduría General y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
También, menciona el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Distribuidora de Electricidad del Este. el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y la Justicia
“Este es solo un ejemplo de las 366 instituciones, organismos y ayuntamientos que manejaron recursos del Presupuesto Nacional, en el pasado gobierno, y en los cuales la Cámara de Cuentas ha fijado su atención”, sostiene la información de Acento.
Aduce que “el andamiaje de corrupción” que presuntamente operó durante años en las instituciones señaladas “supera por 12 % el presupuesto de salud destinado al programa de abastecimiento de medicamentos e insumo sanitarios para hospitales, maternidades y farmacias populares del sistema público de salud, que en 2022 fue de RD$ 4,523,739,784, 00”.
La crónica afirma que unas 47 compañías, algunas sin domicilios y otras carecían de certificación de la DGII, figuran entre las que firmaron contratos aplicando montos superiores a los reales, en perjuicio del patrimonio público.
Las discrepancias detectadas en los procesos de licitación del Ministerio de Salud Pública suman RD$256,597,167, mientras las compras irregulares de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia (COVID-19) “agregan otros RD$49,610,273 sin evidencia, de documentos justificativos, en la gestión de Rafael Sánchez Cárdena”.
Conforme al informe de la Cámara de Cuentas, en lo que respecta a la Procuraduría General, en el mandato de Jean Alain Rodríguez, la auditoría práctica a la entidad encontró irregularidades en la construcción de obras por la suma de RD$8,535,985,102.
También, habría arrojado discrepancias financieras en la inauguración y compras de insumos para centros penitenciarios, por un monto de RD$1,226,048,964.
Po otro lado, según los resultados de las auditorías de la CC, en los procesos de compras y servicios llevados a cabo por la Empresa Distribuidora de electricidad del Este (Edeeste), las sobrevaluaciones de precios y contratos irregulares alcanzaron el monto de RD$3, 750, 503.
La información aclara que esas irregularidades, fueron detectadas en la administración de Luis Ernesto de León Núñez, quien figura en el expediente del supuesto fraude eléctrico.
En otro orden, los expedientes presentados por la PEPCA en contra de los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del CUSEP y Juan Carlos Torres Robiou, exjefe de Politur, la fiscalía estima que se habrían apropiaron de RD$4,500 millones del Estado “y los convirtieron en bienes personales”.
Mientras, de las alegadas anomalías encontradas en la Oficina Gubernamental para el Reordenamiento del Transporte, durante la construcción del Metro de Santo Domingo, se asegura haberse encontrado una malversación de recursos por más de RD$30,000 millones, en la gestión de Diandino Peña.
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