Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varias evidencias han aparecido en los últimos días en redes sociales donde se muestran acciones delictivas consistentes en la falsificación de la tarjeta de vacuna contra el COVID-19, por la que se estaría cobrando hasta seis mil pesos.
Videos puestos a circular en las redes sociales Instagram y Twitter dan cuenta de que las supuestas alteraciones tienen el propósito de que los adquirientes puedan mostrar dicha tarjeta en caso de que les sea requerida en lugares públicos.
Todo apunta a que los delincuentes inventan la supuesta vacunación a solicitud de interesados que no quieren se les aplique la inmunización contra el letal virus, y estar prevenidos en caso de que, como se ha sugerido, los centros de trabajos, comercios, bancos y otros lugares comiencen a exigir la evidencia para permitir el ingreso a sus instalaciones.
No se conoce aún de ninguna acción de las autoridades dirigidas a establecer la veracidad de la información ni el tipo de medidas que adoptarían para evitarla y sancionarla.
La posibilidad de exigir la tarjeta de inmunización va ganando cada día más espacio en la sociedad dominicana, ante el rechazo de una parte de la población a ser vacunada, atendiendo a una serie de informaciones falsas sobre supuestas intenciones de control de la vida individual a través del fármaco.
Sin embargo, muchas personas con incidencia en la opinión pública consideran que vacunarse contra cualquier enfermedad debe ser un acto voluntario y no una imposición del Estado.
El Senado de República aprobó este martes una resolución que solicita al presidente Luis Abinader prohibir la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no se vacunen contra el covid-19.
De esta decisión se hizo eco la prensa internacional, tal como lo reseñó en su portal de noticias la cadena estadounidense CNN en Español.
La propuesta recomienda al Ejecutivo que disponga la prohibición de la entrada a lugares de servicios públicos y privados, espacios de expendio de alimentos, bancos, restaurantes, el uso de transporte público y otros sitios que implique la aglomeración de hombres y mujeres adultos a todo el que no esté inoculado con la vacuna contra el covid-19.
La propuesta fue presentada por el vocero del partido Fuerza del Pueblo en la Cámara Alta, Dionis Sánchez, senador de por Pedernales.
El presidente Abinader ha reiterado que el Gobierno no obligará a ninguna persona a vacunarse, ya que sería inconstitucional.
Derecho de las empresas
Por su lado, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo asegura que si la negativa del empleado a recibir la vacuna es injustificada, el empleador puede rescindir el contrato laboral.
Explicó que los empleadores pueden exigir a sus empleados que se vacunen contra la COVID-19 para trabajar en sus respectivos puestos debido a que la Constitución indica que los dueños de comercios, negocios, empresas, entre otros, deben mantener las instalaciones de trabajo en condiciones óptimas de salubridad.
Señaló que “ningún derecho es absoluto”, y y en tal sentido los intereses de la mayoría se imponen sobre los intereses individuales, “por lo que la decisión de no vacunarse en medio de una pandemia no es una decisión que se limite solo a consecuencias personales, sino que, con ella se puede afectar al colectivo porque aquella persona que no se vacune contra la COVID-19 se puede convertir en un foco de contagio”.
Aclaró que sólo el Poder Ejecutivo está facultado dentro de un estado de emergencia, para exigir la tarjeta de vacunación para el uso y disfrute de los espacios públicos.
Añadió que las alcaldías y otros representantes de la administración pública no pueden tomar la decisión de prohibir o limitar la entrada a las dependencias del Estado, salvo por el transporte público colectivo como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, siempre que se haga por un tiempo específico.
