Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: De acuerdo a la coordinadora del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, los 12 imputados de las operaciones Coral y Anti-Pulpo, detenidos en la cárcel de Najayo, solo pueden gastar un monto máximo dos mil pesos semanales en alimentos en la cafetería y el economato del penal.
Lagombra aseguró que el recinto del Nuevo Modelo Penitenciario ofrece gratuitamente las tres comidas diarias a sus internos, al igual que los demás.
También que los imputados por corrupción tienen la opción de comprar sándwiches, refrescos y otros comestibles mediante tickets canjeables que previamente deben ser comprados por sus familiares, ya que no se les permite manejar efectivo.
“Ellos comen la comida que comen todos los internos, solamente si tienen una condición de salud se le da una dieta especial, todo dependerá de la condición de salud”, explicó la coordinadora del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Añadió que existe una lista de pre compras que es facilitada a los internos para que elijan el plato a degustar, resalta que estos no tienen acceso a los negocios, sino que deben informarle al custodio sobre su pedido, que nunca debe exceder el monto tope de 2 mil a la semana.
Medidas de coerción
Los tribunales de la República Dominicana han impuesto medidas de coerción contra 18 personas que tienen vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o son allegados al expresidente Danilo Medina y su familia.
Los imputados están involucrados en los casos de los sobornos de Odebrecht y las denominadas operaciones Antipulpo y Coral, estos dos últimos instrumentados durante el gobierno del presidente Luis Abinader.
Por Odebrecht se encuentra bajo fianza, con presentación periódica e impedimento de salida, el exsenador por San Cristóbal y miembro del Comité Político del PLD, Tommy Galán. Otros imputados peledeístas implicados fueron favorecidos y sus expedientes archivados.
Galán es acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues según el Ministerio Público desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de dinero.
Del círculo familiar
A los supuestos actos de corrupción cometidos por gente del PLD, se suman los señalados en la denominada Operación Antipulpo en la que fueron sometidos a la justicia los hermanos del exmandatario peledeista, Magaly y Alexis Medina Sánchez. Magaly está en prisión domiciliaria y Alexis en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.
También son mencionados cuñados del ex presidentes vinculados en negocios de miles de millones de pesos en el sector eléctrico.
Junto a los hermanos del expresidente fueron procesados y se le colocó prisión preventiva como medidas de coerción a: Fernando Rosa, expresidente de Fonper; Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la entidad estatal.
También a Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Wacal Vernavel Méndez Pineda, mientras Domingo Antonio Santiago Muñoz, tiene presentación periódica. Son supuestos testaferros o prestanombres de Alexis Medina Sánchez.
Respecto a Rafael Germosén, excontralor general de la República y Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, tienen arresto domiciliario.
El jefe de seguridad de Danilo Medina
El último de los casos denominado Operación Coral involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión de Medina, enviado también a Najayo junto a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. El coimputado Alejandro Girón Jiménez estará recluido en una residencia de ubicación estrictamente confidencial para salvaguardar su integridad física.
Al grupo se le atribuye estafar al Estado con más de RD$3 mil millones, a través de un esquema que según el Ministerio Público, era nombrar en la nómina policías y militares de manera irregular, con salarios de RD$20 mil y RD$70 mil, con la condición de devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado cada mes.
