Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El director del Instituto Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez, es el tercer funcionario obligado a renunciar a su puesto y sometido a la justicia, tras denuncias de delitos sexuales cometidos en sus funciones.
Sánchez renunció de su cargo luego de varias denuncias de acoso sexual, e investigaciones realizadas por las periodistas Priena Almonte y Addis Burgos, que revelaron nepotismo, abultamiento de nómina y “botellas”.
El renunciante miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue designado el pasado 20 de agosto en el cargo, y de acuerdo a detalles de las investigaciones, dos mujeres han presentado denuncias por acoso sexual en su contra y serán conocidas por el Ministerio Público de Santo Domingo.
Una comunicación firmada por la “Oficina Política de José Sánchez”, atribuye el motivo de la renuncia a que “motivado en el interés de sectores determinados por obtener el puesto que ocupaba, sumando a gestiones y orquestaciones de competidores políticos que buscaban sacarle de circulación y al hecho de negarse a aceptar el chantaje y la extorsión frente a dicha campaña sucia dirigida a su persona, se apartó del cargo que por 7 meses ostentó”.
Leonardo Faña fue el segundo caso
El segundo caso que se conoce es el del director (suspendido) del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Leonardo Faña, que fue denunciado por agresión sexual en contra de una exempleada de esta institución y que la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la tarde del lunes 15 de marzo dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción.
La medida le fue impuesta bajo acusación de abuso sexual contra una empleada del IAD, la cual luego de acusarlo, retiró la querella, pero el Ministerio Público decidió continuar con el caso, pese a la desestimación de su acusación.
La denuncia por agresión sexual sometida contra de Leonardo Faña fue depositada el 18 de enero por ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género. Varios días después fue retirada por la empleada de la entidad que realizó la denuncia.
El primero en entrar en la lista fue Antonio Gómez Díaz
Un primer caso fue el Antonio Gómez Díaz, destituido encargado regional de Aduanas que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago le impuso seis meses de prisión domiciliaria como medida de coerción tras ser imputado de incurrir en los delitos de acoso y violación sexual contra dos mujeres.
El Ministerio Público le atribuye a Gómez Díaz haber cometido violación a los tipos penales descritos en los artículos 309-1 y 333-2 del Código Penal Dominicano en perjuicio de las víctimas, una de ellas empleada de la institución.
La imputación surge a partir de que el 21 de diciembre pasado, la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales recibió una querella de violación sexual, violencia y amenaza de muerte en perjuicio de una mujer que acudió a la Dirección Regional Norte de Aduanas para recibir un entrenamiento con la intención de obtener un empleo.
Luego, el 21 de enero, la Fiscalía de Santiago fue apoderada una nueva querella de una empleada de la entidad estatal que culpa a Gómez Díaz haberla acosado sexualmente como forma de presionarla para mantener su trabajo.
