Activismo del Defensor del Pueblo en tema canódromo contrasta con silencio ante muertes de detenidos en cuarteles policiales
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Llama la atención el activismo expresado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa ante el tema del canódromo, que incluso fue a inspeccionar lo que derivó en el conflicto, en cambio ante las muertes de ciudadanos en custodia de la policía se ha mantenido en silencio.
En reiteradas ocasiones, reconocidos abogados constitucionalistas demandaron que el Defensor del Pueblo vaya en auxilio de los familiares afectados por las muertes de sus parientes, pero este ha brillado por su ausencia.
Los casos más sonados de abusos policiales las últimas semanas tienen que ver con la muerte de los jóvenes David de los Santos y José Gregorio Custodio, tras ser detenidos en los destacamentos del ensanche Naco, Distrito Nacional, y de San José de Ocoa.
Defensor del Pueblo emplaza al director de PN
La última acción en cuanto al tema del canódromo la hizo el funcionario esta semana que tras ocurrido un mes del conflicto, emplazó al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que dé respuesta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que agredieron a miembros de esa institución y representantes de los medios de comunicación.
Ulloa sostuvo en una misiva, que mantiene el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y de los medios que lo acompañaban a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.
“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a lo planteado. La inobservancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pueblo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, adujo Ulloa.
Indicó que genera preocupación que, 30 días después de esta agresión reprochable y bochornosa contra el Estado de derecho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que ha tomado el Consejo Superior Policial para sancionar, legalmente y de conformidad con el debido proceso, las conductas exhibidas por los miembros de la Policía.
El defensor del Pueblo señaló que requiere con carácter de urgencia del director de la Policía Nacional un informe explicando las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía en este caso.
“Este informe debe contener todos los documentos en los que consta el procedimiento sancionador y las decisiones tomadas al efecto”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Explicó que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódromo, el 11 de abril pasado, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías denunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos
Calificó acción de Digesett como obstrucción
Destacó que no se puede olvidar que la actuación de los miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Digesett, representa también la obstaculización de la facultad de inspección que posee este órgano de conformidad con la Constitu ción de la República y la Ley número 19-01.
