MANAGUA: La justicia nicaragüense condenó este viernes al obispo católico Rolando Álvarez, a una pena de 26 años y cuatro meses de cárcel, así como despojado de su nacionalidad, según fuentes oficiales en Managua, un día después de que el líder religioso se rehusara a volar a Estados Unidos UU con los otros 222 liberados el jueves.
Álvarez fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos.
La condena impuesta por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, de la corte de apelaciones de Managua, que es la más larga aplicada a disidentes y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos dos años.
Ortega dijo el jueves por la noche que Álvarez se negó a abordar el avión con destino a Washington sin antes consultarlo con otros obispos, lo que consideró como “absurdo”.
El presidente dijo que Álvarez, que estaba hasta ese momento bajo arresto domiciliario, fue trasladado a la cárcel cercana de Modelo. Su sentencia estaba programada para la próxima semana.
Álvarez era una de las figuras religiosas más destacadas que aún han permanecido en Nicaragua en un contexto de aumento de la represión gubernamental contra la oposición.
La condena de prisión al líder católico se dio a conocer un día después de la liberación de 222 disidentes, considerados presos políticos, que volaron a Washington el jueves.
Las sanciones de Estados Unidos y las críticas públicas a Ortega, venían incrementándose poco a poco desde hacía meses, pero tanto funcionarios estadounidenses como nicaragüenses dicen que la decisión de poner a 222 disidentes en un avión con rumbo a Washington fue repentina.
La aeronave recién había despegado el jueves cuando surgieron las primeras noticias sobre la sorpresiva liberación de figuras de la oposición, periodistas, activistas y sacerdotes los que en su mayoría eran considerados presos políticos.
Gran parte de ellos ya habían sido sentenciados en los últimos dos años a largas penas de prisión, por lo que tenían poco contacto entre ellos y menos aún con el mundo exterior.
Para el gobierno sandinista, los deportados eran terroristas “financiados por gobiernos extranjeros”, para desestabilizarlo, después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018, según el presidente nicaragüense.
