¿Son los subsidios de Abinader similares al plan “pagar para no matar” de Leonel en 1996-2000?
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Durante el año 2022, el actual gobierno hubo de emular, aunque en otra área, la manera como la primera administración del presidente Leonel Fernández (1996-2000) “enfrentó” la delincuencia, pagando a los delincuentes para no eliminarlos, a través el Programa Empleo Mínimo Eventual (PEME).
En esta ocasión, el presidente Luis Abinader ha tenido que destinar miles de millones de pesos y dólares para enfrentar la inflación, como subsidios a los precios de productos y servicios, derivada básicamente de la pandemia de la Covid-19 y el conflicto ruso-ucraniano.
A manera de ejemplo, se citan las estadísticas oficiales referentes al sector eléctrico, el cual alcanzó la cifra de RD$83,109.3 millones, equivalentes a un aumento de 48% sobre lo originalmente presupuestado y el 52.2% más que lo destinado para los mismos fines durante 2021.
El cálculo gubernamental, refiere que el gasto del subsidio eléctrico el año pasado, implicó un incremento de US$1,508.6 millones, lo que fue justificado con el argumento de que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) “subieron sus pérdidas operativas”.
La subida de gastos operacionales se habría producido por los precios de los combustibles de generación en el mercado externo, así como la revocación del programado aumento tarifario a los usuarios.
Según las cifras de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en el pasado 2022, el Gobierno programó un subsidio eléctrico de RD$56,163.6 millones, pero en el presupuesto reformulado, hubo la necesidad de asignar una partida adicional mayor a los RD$33,000 millones, debido a los incrementos de costos en ese sector.
Ese gasto superó en un 48% a lo originalmente presupuestado y un 52.2% más que los RD$54,604.1 millones que se gastaron durante en 2021.
Al respecto se recuerda que desde su juramentación como nuevo gobernante mostro interés de que se firmara el varias veces discutido y cuestionado Pacto Eléctrico, como lo hizo el que lidera, Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La aprobación del acuerdo eléctrico se produjo, pero la realidad ha impedido aplicar las medidas sugeridas por organismos locales e internacionales, ya que tan pronto se oficializó aún se está a la espera de suaplicación.
De manera fundamental, al pacto requiere el cumplimiento del mandato de que ante Edenorte, Edesur y EdeEste, debían aplicar ajustes para disminuir sus niveles de pérdidas en una proporción anual de tres puntos porcentuales.
Esos ajustes tarifarios se intentaron aplicar a mediados del año pasado, pero la reacción de la población hizo que las autoridades del sector, por disposición del mismo mandatario, fueron suspendidas, congelando la tarifa en los niveles que ya había sido ajustada.
Según quedó evidenciado, aunque los ingresos de las EDE aumentaron debido a esos incrementos, las pérdidas continuaron en varios puntos porcentuales.
Por otro lado, al analizar el contenido del vigente presupuesto general del Estado, la situación continuará durante este año, ya que la asignación de fondo al sector eléctrico es de RD$70,000 millones, inferior a los más de RD$83,000 millones gastados en 2022.
Un análisis del periodista Esteben Delgado para el periódico elDinero, refiere que las situaciones de las Edes no mejorarán, “en caso de que las condiciones externas de costos de los combustibles de generación continúen como el año pasado”.
“Las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste no muestran indicadores de mejoría en su gestión, (por lo que) es posible que las necesidades de recursos para el subsidio eléctrico superen lo presupuestado, como en 2022”, significó.
El PEME
La iniciativa del expresidente Fernández, aplicada a mediados de marzo de 2011, se basó básicamente en “pagar para no matar”, consistente en la entrega de recursos a los realizadores de protestas barriales, con el propósito de evitar que afectara las actividades productivas del país.
Su aplicación se realizó a través del denominado Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), dirigido por el dirigente peledeísta Luis Inchausti, quien fue nombrado con rango de secretario de Estado, encargado del plan Barrio Seguro, que ejecutaba en los sectores populares el Ministerio de Interior y Policía.
