Dos departamentos se van al paro convocado por la oposición boliviana: ¿cuál es la razón del conflicto?
Además, grupos opositores de La Paz, Tarija y Cochabamba analizan acciones de presión.
RT
LA PAZ.- El Comité Cívico del departamento de Beni, en Bolivia, anunció un paro de 24 horas para el lunes 24 de octubre, y se sumó así a sus pares de Santa Cruz, que tomarán la medida en forma indefinida desde el sábado, para exigir que el Censo de Población y Vivienda se haga en 2023 y no en 2024, como pretende el Gobierno.
El Ejecutivo de Luis Arce y la administración de Santa Cruz, bastión de la oposición, no han encontrado caminos de diálogo y la situación se tensa con el correr de los días.
Los grupos «cívicos» han dado plazo al Gobierno hasta el 21 de octubre para derogar el Decreto Supremo 4760, que fija el censo para 2024, y piden que la encuesta se haga el próximo año.
La semana pasada, el presidente llamó a a vencer las «aventuras golpistas» de la «vieja derecha». Las declaraciones se dieron porque ya que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, liderado por el gobernador Fernando Camacho, fue uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Ahora, Camacho dio un plazo de cuatro días para dejar sin efecto el decreto. Y responsabilizó a los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, por eventuales hechos de violencia que puedan ocurrir durante el paro.
Las jornadas de protesta estarán acompañadas con bloqueo de carreteras, según informaron desde las organizaciones.
«Cualquier confrontación que se esté generando, será única y de total responsabilidad del presidente y de sus dos ministros, que solo buscan la confrontación y la violencia que puedan generar en esta protesta pacífica de nuestro departamento», señaló en respuesta al anuncio del Ejecutivo de que buscará desbloquear rutas y calles.
En los departamentos de Cochabamba, Tarija y La Paz, las respectivas asambleas también analizan tomar acciones de presión, informó el periódico El Deber.
El Gobierno nacional califica de «capricho» el reclamo y ha llamado al diálogo a los sectores opositores, pero no obtuvo respuesta. Por eso, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuestionó la «intransigencia» del Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz, al que se le pide que demuestre con argumentos técnicos cómo realizar el censo en 2023, sin poner en riesgo la calidad de los datos.
El último censo de población y vivienda se realizó en 2012 y contabilizó más de 10 millones de habitantes en el país.
