Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: “Los pagos de las expropiaciones que se hicieron durante mi gestión, las que son objeto de investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), fueron realizadas de manera legal”, afirmó el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
El exfuncionario hizo la aclaración a través de un comunicado emitido por sus defensores legales, en el que afirma que “la totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la normativa que para los mismos se requiere.
Agrega que esos documentos deben ser presentados tanto al Ministerio de Hacienda, como a la Contraloría General de la República, «organismos que validaron, autorizaron y despacharon cada orden de pago a la Tesorería”.
“Todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y/o por mandato de la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas. Los herederos fueron pagados, con su debida constancia, y habían sido determinados –individualizados– con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes: determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente”, agrega la nota.
Respecto a la situación de los herederos no pagados, el documento expresa que obedece a una situación de ejercicio de un derecho, al no demostrarse de acuerdo con el monto fijado por metro cuadrado.
“Ellos optaron o aún tienen la opción de ejercer la acción judicial correspondiente: una demanda en justiprecio, la que deberá ser conocida por el tribunal competente que decidirá sobre ello, obligando al Estado a pagar el precio judicialmente fijado en favor de aquellos”, dijo.
Guerrero sostiene que el informe emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría sobre el cual se erige la investigación, “no obedece a la verdad de los hechos, además de que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción.
Basa su consideración, con el argumento de que “constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción, igualdad y transparencia”.
Señala que el párrafo II de la ley 107-13 establece que “todos los actos y actuaciones estarán sujetos a los principios de transparencia, igualdad, contradicción y fiabilidad o consistencia”.
Empero, sostiene que dicho principio de transparencia estaría siendo violado al impedir el conocimiento del contenido del informe a los afectados, “mientras se otorga acceso a los medios de comunicación”.
Entiende por igual, que no se estaría garantizando la igualdad, ya que el órgano persecutor posee el documento -prueba de la investigación y del proceso- desde hace casi un año, “pero mis abogados lo desconoce, a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones acceso a la carpeta fiscal (principio de igualdad entre acusación y defensa)”.
El comunicado de la barra de defensa le enrostra al Ministerio Publica “no haber cumplido con la garantía de la contradicción, ya que al investigado no se le estaría resguardando el derecho a ser escuchado, en virtud del artículo 69.2 de la Constitución de la República Dominicana”.
“No puede haber justicia objetiva e independiente, escuchando sólo a una de las partes: la exclusión de aquellos llamados por ley a participar, no es otra cosa que una injusticia y una violación al debido proceso”, destaca.
Refieren que desde el inicio de los interrogatorios, iniciados el 5 de febrero del 2021, Guerrero ha brindado todas las explicaciones necesarias de su gestión frente al Ministerio de Hacienda, “presentándose más de una decena de citaciones y aportado más de 136 piezas probatorias”.
Indica que pese a los argumentos expuestos, el pasado 29 de agosto la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó a la Pepca la obtención del informe financiero respecto a la investigación abierta en contra el exministro de Hacienda.
La magistrada ordenó a las superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop), proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.
La Pepca investiga a Guerrero como principal vinculado de los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, por más de RD$17,000 millones en operaciones de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
