Direcciones de Compras y Ética Gubernamental llevan a la PEPCA expediente del asfalto de Gonzalo
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Las direcciones generales de Contrataciones Públicas (DGCP) y de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), apoderaron a la Procuraduría General de la República (PGR) del expediente relacionado con la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente, del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Al entregar la acusación, los titulares de los citados organismos, Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch, respectivamente, consideraron que existen “suficientes indicios de que en el proceso hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado”.
“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, subrayan en un documento conjunto.
Tanto Pimentel como Ortiz coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el ex director de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación de Gonzalo Castillo, como titular del MOPC, “no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la DIGEIG”.
En esa dirección, deploraron que Cadet recomendara archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.
Agregan que sus indagatorias “coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado”.
“Los hechos”, agregan, “posteriormente habrían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas el pasado 26 de mayo de 2020”.
Manifestaron además, que en los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el Castillo, “por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar”.
De igual manera, precisan que por las irregularidades en la contratación de unos RD$11,500 millones, “sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”.
Añadieron que según los nuevos funcionarios, la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, registraron con marcadas diferencias.
Destacaron que las citadas diferencias de pagos en perjuicio de una en particular, “en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecido en la Ley 340-06”.
“El informe notificado el 26 de mayo del 2020, ha sido valorado como un documento de suma importancia para determinar el desarrollo de esta investigación, que fue obviado a pesar de que el mismo se encontraba en las manos del entonces director de la DIGEIG”, añade.
Los funcionarios afirmaron que, tomando en cuenta que el ex ministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la Administración Pública, la investigación no busca establecer una sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en artículo 169 de la Constitución.
Ese mandato constitucional especifica que es facultad del Ministerio Público “realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.
