Según expediente, general Robiou compró apartamento en Samaná por US$500,000 a la pastora Rossy Guzmán
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La revelación hecha por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, durante su presentación en el proceso medida de coerción a los implicados en el caso Coral, de que el general Juan Carlos Torres Robiou, Robiou compró un apartamento en Samaná, fue confirmado por el procurador general adjunto, Wilson Camacho.
Según establece la acusación del Ministerio Público, a través del titular por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló que el valorado del inmueble fue de medio millón de dólares, pagado en efectivo y sin financiamiento,
Girón Jiménez, quien guarda prisión domiciliaria por el caso Coral, ofreció entonces amplios detalles del accionar de los encartados en el expediente, lo que valió recibir un trato diferente en el cumplimiento de la pena preliminar impuesta.
El Pepca adelantó que el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), compró el inmueble a través de una empresa de la también imputada, la pastora Rossy Guzmán, “para no levantar sospechas”.
“Todo eso fue hecho para distraer el bien y borrar el rastro del propietario real, el cual es el imputado Torre Robiou, puesto que el mismo no tendría forma alguna de justificar la compra en efectivo, y sin financiamiento”, dijo Girón en el interrogatorio.
La acusación presentada por la Pepca en contra del alto cargo militar señala que “los testigos David Abreu Padilla, Miguel Cancu, Jacobo Horacio e Israel Blanc Hernández, reconocen el inmueble de Balcones del Atlántico como propiedad del imputado Juan Carlos Torres Robiou”.
El documento establece además que alegadamente Torres Robiou llegó a pagar mantenimientos del apartamento con dinero que salía del Cestur.
Añade que los fiscales encontraron 75 conversaciones a través de WhatsApp en el celular del vendedor del apartamento con el general Torres Robiou, el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán, esta última propietaria de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.
La actual acusación precisa que “los contratos ficticios que tenían los militares de la red corrupción Coral 5G para suplir combustibles al Cestur y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) asciende a RD$29 millones”.
Se indica también, que los militares recibían el pago de los contratos de combustible que no fue entregado, “defalcando así el erario a través de la Estación de Combustible La Marinita”.
El gerente y administrador de esa estación es el imputado César Félix Ramos Ovalle, el que fue beneficiado con una licitación para suplir ticket de combustibles, que presuntamente no entregó, “sabiendo que se trataba de un desfalco al Estado”.
“Las licitaciones fueron realizadas de forma viciada, por no cumplir con el procedimiento establecido por la norma, porque los ganadores eran elegidos por el director financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza (codinomes NDA), y autorizado por el oficial imputado el general Juan Carlos Torre Robiu (codinomes D1)”, precisa el expediente.
Los contratos que obtuvo la estación de combustibles oscilaban entre seis a 10 millones de pesos, dinero que recibían los implicados de la red Coral 5G, “destinados a la adquisición de bienes e inmuebles de lujos y costoso”.
