Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Parece improbable que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macurralla, pueda resistir el bombardeo mediático sin tomarse una licencia del cargo y responder desde una posición civil los cuestionamientos que se le hacen a su relación contratual con la pasada gestión de la Procuraduría General de la República (PGR).
La situación del ministro Macarrulla es más comprometida no sólo por el frente mediático que tiene, sino que también está recibiendo fuertes cuestionamientos desde el propio litoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En ese sentido, a los reparos vertidos por el ex presidente del Senado y dirigente del PRM, el ingeniero Ramón Alburquerque, se ha sumado en la misma línea la vocera del partido oficialista en la Cámara Alta, Faride Raful.
Sin embargo, el ministro no se enfocó, en su reciente declaración pública, en los señalamientos de ese calibre, sino que se dirigió a “sectores de la oposición” que buscan desviar la atención sobre los procesos penales por corrupción que sigue la PGR.
Aun sin identificarlos, salta a la vista que los “sectores de oposición” a que se refiere apuntan directamente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya última gestión, encabezada por Danilo Medina, está siendo seriamente cuestionada y existen varios procesos de gran calado por corrupción.
Precisamente en uno de esos procesos, el que encabeza como imputado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es donde el Ministerio Público ha mencionado la relación del ahora ministro y antes empresario privado.
Según el voluminoso expediente que abarca varias áreas de la incumbencia de Rodríguez en la PGR, en este caso la construcción de la llamada Nueva Victoria, es donde el ministro Macarrulla aparece citado como beneficiario de un contratado para una parte de la edificación supuestamente sobrevaluada.
Su reacción
El lunes, el ministro Macarrulla emitió una declaración en la que afirma estar dispuesto a responder por la transparencia de su actuación en la cuestionada construcción, y defendió la honestidad de la empresa familiar.
Este martes, Macarrulla emplazó a dos de las decenas de tuiteros que se han referido a su caso, lo cual llama la atención si se toma en cuenta que no son precisamente de los más seguidos e influyentes de las redes sociales.
Sobre el emplazamiento, uno de los afectados, el contador público Miguel Ángel Severino, le declaró a ElCorreo.do lo siguiente:
“No he publicado documento alguno, verdadero o falso, ni adulterado opinión. No se corresponde con la verdad tal emplazamiento sobre todo que no han emplazado al exrector Dr. Roberto Santana, a Marino Zapete, a Siblio, a Somos Pueblo, a Faride Raful, al programa Los Sabios en la Zeta, al Ing. Ramon Alburquerque y a todos los periódicos digitales e impresos que han tocado el tema sobre la construcción de la Nueva Victoria y el propio Ministerio Público respecto al expediente del exprocurador.
¿Es difamación compartir un reportaje sobre publicaciones del propio Ministerio Publico? Difamar es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona; en especial cuando lo dicho o escrito es falso.
No hemos dicho algo distinto a lo publicado por los medios y sobre todo que el propio Macarrulla no ha desmentido. Macarrulla debió contratar una firma de auditora/jurídica para realizar un estudio sobre el expediente del MP sobre la construcción de la Nueva Victoria y no tirarle piedras al pendejo”.
Faride y Alburquerque
La senadora Faride Raful exigió al ministro Macarrulla que explique su participación en el proceso de adjudicación y cubicaciones en la construcción del recinto carcelario.
Reconoció que Macarrulla tiene una hoja de vida “bastante extensa” y que ha participado en varios procesos como empresario, pero que actualmente es un funcionario público del actual gobierno, que debe predicar con el ejemplo de transparencia.
Por su lado, Alburquerque aclaró que no ha incurrido en ninguna difamación, y proclamó:
«Lo que no deben es investigar a unos sí y a otros no, contra eso es que nos pronunciamos», al referirse a los casos de Kimberly Taveras, Leonardo Faña y Luis Dicent.
Lamentó que «los de abajo se investigan con rapidez, los grandes con lentitud y opacidad».
