Estado de emergencia ha generado un “festival de compras” en el Gobierno; 726 contratos están vinculados a pandemia
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Aunque en los registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se consigna que antes de la pandemia ocasionada por la enfermedad del covid-19, el porcentaje de adquisiciones del Gobierno, efectuadas en el país bajo el esquema de emergencia, era mínimo, esa modalidad ha crecido de manera considerable.
Según el organismo, los contratos adjudicados representaban menos de un 3.1% del total, a partir del 26 de febrero del 2020, cuando el pasado presidente Danilo Medina declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios públicos para enfrentar la pandemia, la cantidad de contratos asociados al estado de emergencia ha crecido significativamente.
Los datos disponibles en la Memoria Institucional de la DGCP del 2020, al cierre del tercer trimestre de ese año los contratos adjudicados bajo la modalidad de emergencia representaban el 20.9% del total se estimaba que al finalizar el año llegarían a representar más del 25%.
Para ese entonces habían sido efectuados 181 contratos por un monto de RD$18,050 millones., mientras al nueve de junio de este 2021 la DGCP tenía registrados 726 contratos activos vinculados al estado de emergencia por un monto de RD$8,860 millones.
Hasta esa fecha existían 384 contratos pendientes por un monto de RD$791 millones; otros 1,106 contratos terminados que implicaban RD$ 6,571 millones, así como 426 que habían sido cancelados, por un valor de RD$ 9,267 millones.
Durante la gestión anterior había nueve instituciones autorizadas a efectuar compras y contrataciones de emergencia, pero el actual Gobierno, las redujo a cuatro: el Ministerio de Salud Pública; Servicio Nacional de Salud (SNS); Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En la página web de la DGCP también aparecen procesos y contratos de otras instituciones asociadas al estado de emergencia, pero muchas fueron catalogadas como compras menores o por debajo del umbral.
La mayoría son para la adquisición de mascarillas, gel antibacterial, alcohol isopropílico y otros productos para distribuirlos entre los empleados, con la finalidad de prevenir la propagación de la covid-19.
Procesos simplificados
En otro orden, se observó que los procesos de compras y contrataciones públicas que se efectúan de emergencia son más simples, debido a la rapidez con que se realizan al obviar algunos requerimientos y no tener que someterse a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Durante la pasada gestión gubernamental se generaron varios escándalos debido a irregularidades detectadas en licitaciones de esta categoría efectuadas por el SNS, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y Salud Pública.
Como resultado de esos hallazgos, se dispuso la destitución de varios funcionarios y obligó al Gobierno a crear una comisión de veeduría para vigilar los procesos, así como establecer una guía que especificara cómo deben ser los procedimientos, entre otras medidas orientadas a transparentar las compras y contrataciones de emergencia.
