Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La firma de abogados Torres & Soto depositó este viernes una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra otro hermano del expresidente Danilo Medina, por actos de corrupción.
Se trata de Ángel Milcíades Medina Sánchez, quien junto a Judith Veras Álvarez y su entramado de empresas Wiclok Trading Company, S.R.L., Inversiones Logosier, S.R.L. y Brookline Group, S.R.L., presuntamente se niega a reconocer los trabajos que realizaron unos ingenieros en su favor y provecho.
La querella indica que el acusado, en su condición de hermano del expresidente Danilo Medina, alegadamente utilizaba sus empresas para beneficiarse de múltiples obras durante el pasado gobierno.
La instancia contra Milcíades y Yudith fue depositada la mañana de este viernes en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Los abogados de la parte acusadora dijeron confiar en que sea un proceso judicial transparente, en momentos en que el Ministerio Público está actuando con independencia.
Juan Alexis y Carmen Magaly
Se recuerda que el pasado 29 de noviembre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) apresó a Juan Alexis y Carmen Magaly Medina Sánchez, hermanos del ex gobernante junto a exfuncionarios, así como a “proveedores privilegiados y testaferros”, por supuesta corrupción administrativa.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis de ser proveedor privilegiado que supuestamente aprovechó sus vínculos familiares para acumular fortunas durante los ocho años de gobierno de su hermano.
Otros de los encartados en la llamada Operación Antipulpo son Fernando Rosa, expresidente Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Francisco Pagán y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez exdirector general y exdirector de fiscalización, respectivamente, de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) y Carmen Magaly, la que se desempeñó como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
También Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública), Aquiles Alejandro Christopher Sánchez (exdirector de Fiscalización de Oisoe), Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Rafael Antonio Germosén Andújar (ex contralor general de la República).
En un comunicado de prensa, la institución dijo que los detenidos “aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno”.
Aunque Juan Alexis no formaba parte del Gobierno, se le atribuye haberse aprovechado de su cercanía familiar con el mandatario para que sus empresas ofrecieran sus servicios y compra de equipos a varias instituciones públicas.
El nueve de diciembre, el juez José Alejandro Vargas dispuso prisión preventiva de tres meses contra los siete encartados en el expediente que la Pepca bautizó como.
Todos cumplen la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Cristóbal, excepto Carmen Magaly y Germosén Andújar, a los que se les impuso prisión domiciliaria. Este último recibió ese beneficio, por haber colaborado con la parte acusadora.
